/ viernes 6 de agosto de 2021

El Espectador | El clima de negocios en México, según EU


“La incertidumbre sobre el cumplimiento de los contratos, la inseguridad, la informalidad y la corrupción continúan obstaculizando el crecimiento económico sostenido de México”, dice el Departamento de Estado de EU en un reporte sobre el clima de inversión en este país. “Los esfuerzos recientes para revertir las reformas energéticas de 2014, incluida la ley de reforma de la electricidad de marzo de 2021 que prioriza la generación de la compañía eléctrica estatal CFE, aumentan aún más la incertidumbre. Estos factores elevan el costo de hacer negocios en México”.

Los inversionistas informan cambios regulatorios repentinos y reversiones de políticas, dice el Gobierno de Estados Unidos abiertamente sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“La salud financiera inestable de la compañía petrolera estatal Pemex y una respuesta fiscal débil percibida a la crisis económica de Covid-19 han contribuido a las incertidumbres en curso”, agrega el documento del Departamento de Estado.

“En el primer y segundo trimestre de 2020, las tres principales agencias calificadoras (Fitch, Moody's y Standard and Poor's) bajaron la calificación crediticia soberana de México (en un escalón a BBB-, Baa1 y BBB, respectivamente) y la calificación crediticia de Pemex (al estado basura). El Banco de México revisó al alza las expectativas de crecimiento del PIB de México para 2021, de 3.3 a 4.8 por ciento, al igual que el Fondo Monetario Internacional (FMI) a 5 por ciento desde la estimación anterior de 4.3 por ciento en enero. Aún así, los analistas del FMI anticipan que una recuperación económica a niveles prepandémicos podría llevar cinco años”.

Además, las empresas han informado a las autoridades estadounidenses que las preocupaciones generales de seguridad siguen siendo un problema para quienes buscan invertir en el país.

“La Cámara de Comercio Estadounidense en México estima en un informe semestral que los gastos de seguridad cuestan a las empresas hasta el 5 por ciento de sus presupuestos operativos. Muchas empresas optan por tomar precauciones adicionales para la protección de sus ejecutivos. También informan el aumento de los costos de seguridad para los envíos de mercancías”.

El reporte del Departamento de Estado dice que los inversionistas están cada vez más preocupados de que la administración esté socavando la confianza en las “reglas del juego”, particularmente en el sector energético, al debilitar la autonomía política de Cofece, CNH y CRE. Y la corrupción es un tema que sigue presente.

“La complicidad del gobierno y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con elementos delictivos es una preocupación importante. La colaboración de actores gubernamentales con organizaciones criminales (a menudo debido a intimidación y amenazas) plantea serios desafíos para el estado de derecho. Algunos de los informes más comunes de corrupción oficial involucran a funcionarios del gobierno que roban de las arcas públicas o exigen sobornos a cambio de adjudicar contratos públicos. La administración actual apoyó reformas anticorrupción y procedimientos judiciales en varios casos de corrupción de alto perfil, incluidos exgobernadores. Sin embargo, la sociedad civil mexicana afirma que el gobierno debe tomar acciones más efectivas y frecuentes para abordar la corrupción”.

Son los otros datos de los empresarios y observadores estadounidenses que siguen fastidiando como exageración el discurso oficial.


“La incertidumbre sobre el cumplimiento de los contratos, la inseguridad, la informalidad y la corrupción continúan obstaculizando el crecimiento económico sostenido de México”, dice el Departamento de Estado de EU en un reporte sobre el clima de inversión en este país. “Los esfuerzos recientes para revertir las reformas energéticas de 2014, incluida la ley de reforma de la electricidad de marzo de 2021 que prioriza la generación de la compañía eléctrica estatal CFE, aumentan aún más la incertidumbre. Estos factores elevan el costo de hacer negocios en México”.

Los inversionistas informan cambios regulatorios repentinos y reversiones de políticas, dice el Gobierno de Estados Unidos abiertamente sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“La salud financiera inestable de la compañía petrolera estatal Pemex y una respuesta fiscal débil percibida a la crisis económica de Covid-19 han contribuido a las incertidumbres en curso”, agrega el documento del Departamento de Estado.

“En el primer y segundo trimestre de 2020, las tres principales agencias calificadoras (Fitch, Moody's y Standard and Poor's) bajaron la calificación crediticia soberana de México (en un escalón a BBB-, Baa1 y BBB, respectivamente) y la calificación crediticia de Pemex (al estado basura). El Banco de México revisó al alza las expectativas de crecimiento del PIB de México para 2021, de 3.3 a 4.8 por ciento, al igual que el Fondo Monetario Internacional (FMI) a 5 por ciento desde la estimación anterior de 4.3 por ciento en enero. Aún así, los analistas del FMI anticipan que una recuperación económica a niveles prepandémicos podría llevar cinco años”.

Además, las empresas han informado a las autoridades estadounidenses que las preocupaciones generales de seguridad siguen siendo un problema para quienes buscan invertir en el país.

“La Cámara de Comercio Estadounidense en México estima en un informe semestral que los gastos de seguridad cuestan a las empresas hasta el 5 por ciento de sus presupuestos operativos. Muchas empresas optan por tomar precauciones adicionales para la protección de sus ejecutivos. También informan el aumento de los costos de seguridad para los envíos de mercancías”.

El reporte del Departamento de Estado dice que los inversionistas están cada vez más preocupados de que la administración esté socavando la confianza en las “reglas del juego”, particularmente en el sector energético, al debilitar la autonomía política de Cofece, CNH y CRE. Y la corrupción es un tema que sigue presente.

“La complicidad del gobierno y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con elementos delictivos es una preocupación importante. La colaboración de actores gubernamentales con organizaciones criminales (a menudo debido a intimidación y amenazas) plantea serios desafíos para el estado de derecho. Algunos de los informes más comunes de corrupción oficial involucran a funcionarios del gobierno que roban de las arcas públicas o exigen sobornos a cambio de adjudicar contratos públicos. La administración actual apoyó reformas anticorrupción y procedimientos judiciales en varios casos de corrupción de alto perfil, incluidos exgobernadores. Sin embargo, la sociedad civil mexicana afirma que el gobierno debe tomar acciones más efectivas y frecuentes para abordar la corrupción”.

Son los otros datos de los empresarios y observadores estadounidenses que siguen fastidiando como exageración el discurso oficial.