/ lunes 17 de junio de 2024

Libertas Capitur / México, entre una visión política o de Estado 

Los análisis de organismos financieros concluyen que, el reciente triunfo electoral de Morena le otorgó una capacidad importante para impulsar reformas constitucionales en el sexenio que inicia, cuya calidad y cantidad, con una franca inclinación estatista y populista, genera inquietud en los mercados.

Dichas reformas propician incertidumbre sobre el destino final de la actividad económica, que se traduce en una alta volatilidad en los mercados, debido a que perfilan un sistema político contrario a la competencia económica y la libre empresa. En pocas palabras, producen desconfianza y falta de certeza a la inversión.

Estos cambios los impulsa el Gobierno actual para que se aprueben antes del inicio del próximo gobierno, tienen un tono autoritario en el fondo y en la forma, pretenden desdibujar la separación de poderes y el sistema republicano de contrapesos y abren una ventana distinta al modo de vida basado en la competencia y el libre mercado.

Primero que nada, porque atacan al sistema autónomo de justicia, fundamental para la solución de los conflictos de intereses pero, sobre todo, que aún tiene el poder para evitar el abuso de la clase gobernante y evitar que el gobierno se convierta en un jugador privilegiado.

Al neutralizar al Poder Judicial, la política y la economía serán objetos de los dictados de un solo grupo político, el cual no atenderá la diversidad de intereses de las distintas corrientes sociales y económicas, e impedirá que no puedan ejercerse los derechos y garantías que propician un sistema justo y equilibrado.

En este contexto, los Pre Criterios Generales de Política Económica 2025 (PCGPE2025) ofrecen una propuesta a modo. Tanto, como que el actual secretario de Hacienda es el mismo que seguirá al frente en el próximo gobierno.

Sus proposiciones obviamente son optimistas, pero no podrían ser de otra manera, por la condescendencia de las autoridades hacendarias con la política gubernamental, al grado de que hay quienes las consideran fantasiosas.

Este documento provee datos que abren el espacio a la reserva, aunado al cambio de gobierno que, por lo general, obliga a un impasse en las actividades económicas para evaluar las acciones iniciales de gobierno y los posibles impactos negativos. El comienzo del próximo sexenio no será fácil.

En dicho documento se prevé menores ingresos petroleros debido a un menor precio promedio del petróleo respecto al aprobado para 2024, pero de la nada anuncia un mayor ingreso fiscal.

Por su parte, las predicciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) indican un incremento de la deuda del 47.9 por ciento del PIB en 2023, a 50.3 por ciento en 2024 y hasta un 50.8 por ciento para 2029, coincidente con la previsible caída del 13.5% de los ingresos petroleros en términos reales.

Lo anterior debido a la baja estimada del precio de petróleo de 71.3 dólares por barril (USD/b) en 2024 a 58.4 USD/b en 2025. Eso sin contar un decremento importante en la producción de crudo, que también impactará la dimensión de dichos ingresos.

En consecuencia, el recorte al gasto público y la contratación de deuda son decisiones impostergables. No se debe olvidar, además, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador gastó montos considerables de los dos fondos de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) y de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).

Estos fondos se programaron precisamente para enfrentar las condiciones que México padecerá en el próximo año. Pero prácticamente ya no existen. Lo que va a prevalecer, si la nueva presidente Claudia Sheinbaum lo acepta, será la voluntad de López Obrador de transformar el país en una economía de Estado y un régimen sin taxativas.

Y que las instituciones se transformen para ponerse al servicio de una nueva clase política en busca de privilegios y ventajas, a la que no le importe el desarrollo equilibrado del país y, sobre todo, no le importe el futuro de nuestros hijos.

El destino de México se encuentra en este momento, a merced de las veleidades de un pasado que no cede y de un futuro que no lucha. Ninguna reforma constitucional ni política económica serán reales, mientras no haya una visión que impere.

Se trata de una responsabilidad histórica. De esas que no se pueden evitar y que convierten al gobernante en estadista, o en un simple político.

Mail: libertascapitur.chis@gmail.com

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Los análisis de organismos financieros concluyen que, el reciente triunfo electoral de Morena le otorgó una capacidad importante para impulsar reformas constitucionales en el sexenio que inicia, cuya calidad y cantidad, con una franca inclinación estatista y populista, genera inquietud en los mercados.

Dichas reformas propician incertidumbre sobre el destino final de la actividad económica, que se traduce en una alta volatilidad en los mercados, debido a que perfilan un sistema político contrario a la competencia económica y la libre empresa. En pocas palabras, producen desconfianza y falta de certeza a la inversión.

Estos cambios los impulsa el Gobierno actual para que se aprueben antes del inicio del próximo gobierno, tienen un tono autoritario en el fondo y en la forma, pretenden desdibujar la separación de poderes y el sistema republicano de contrapesos y abren una ventana distinta al modo de vida basado en la competencia y el libre mercado.

Primero que nada, porque atacan al sistema autónomo de justicia, fundamental para la solución de los conflictos de intereses pero, sobre todo, que aún tiene el poder para evitar el abuso de la clase gobernante y evitar que el gobierno se convierta en un jugador privilegiado.

Al neutralizar al Poder Judicial, la política y la economía serán objetos de los dictados de un solo grupo político, el cual no atenderá la diversidad de intereses de las distintas corrientes sociales y económicas, e impedirá que no puedan ejercerse los derechos y garantías que propician un sistema justo y equilibrado.

En este contexto, los Pre Criterios Generales de Política Económica 2025 (PCGPE2025) ofrecen una propuesta a modo. Tanto, como que el actual secretario de Hacienda es el mismo que seguirá al frente en el próximo gobierno.

Sus proposiciones obviamente son optimistas, pero no podrían ser de otra manera, por la condescendencia de las autoridades hacendarias con la política gubernamental, al grado de que hay quienes las consideran fantasiosas.

Este documento provee datos que abren el espacio a la reserva, aunado al cambio de gobierno que, por lo general, obliga a un impasse en las actividades económicas para evaluar las acciones iniciales de gobierno y los posibles impactos negativos. El comienzo del próximo sexenio no será fácil.

En dicho documento se prevé menores ingresos petroleros debido a un menor precio promedio del petróleo respecto al aprobado para 2024, pero de la nada anuncia un mayor ingreso fiscal.

Por su parte, las predicciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) indican un incremento de la deuda del 47.9 por ciento del PIB en 2023, a 50.3 por ciento en 2024 y hasta un 50.8 por ciento para 2029, coincidente con la previsible caída del 13.5% de los ingresos petroleros en términos reales.

Lo anterior debido a la baja estimada del precio de petróleo de 71.3 dólares por barril (USD/b) en 2024 a 58.4 USD/b en 2025. Eso sin contar un decremento importante en la producción de crudo, que también impactará la dimensión de dichos ingresos.

En consecuencia, el recorte al gasto público y la contratación de deuda son decisiones impostergables. No se debe olvidar, además, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador gastó montos considerables de los dos fondos de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) y de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).

Estos fondos se programaron precisamente para enfrentar las condiciones que México padecerá en el próximo año. Pero prácticamente ya no existen. Lo que va a prevalecer, si la nueva presidente Claudia Sheinbaum lo acepta, será la voluntad de López Obrador de transformar el país en una economía de Estado y un régimen sin taxativas.

Y que las instituciones se transformen para ponerse al servicio de una nueva clase política en busca de privilegios y ventajas, a la que no le importe el desarrollo equilibrado del país y, sobre todo, no le importe el futuro de nuestros hijos.

El destino de México se encuentra en este momento, a merced de las veleidades de un pasado que no cede y de un futuro que no lucha. Ninguna reforma constitucional ni política económica serán reales, mientras no haya una visión que impere.

Se trata de una responsabilidad histórica. De esas que no se pueden evitar y que convierten al gobernante en estadista, o en un simple político.

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