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HABLA AHORA LA CIDH

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Las investigaciones que del caso Ayotzinapa realiza la Procuraduría General de la República “presentan graves irregularidades, han sido exageradamente lentas y no han alcanzado su principal objetivo: saber que sucedió y donde están los 43 normalistas desaparecidos de manera forzada, así como brindar verdad y justicia a las víctimas”.

De esta manera se ha expresado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no lo hace de manera oficiosa, sino como parte que ha sido de las indagatorias.

Hay que recordar que cuando se dieron estos hechos de la desaparición de los estudiantes los días 26 y 27 de septiembre de 2014, que en la noche de los acontecimientos dejaron seis muertos y varios lesionados, el gobierno mexicano solicitó la intervención de la CIDH para que la investigación se realizará de manera pronta y con transparencia, para llevar a los responsables a los tribunales de justicia.

La CIDH respondió enviando al Grupo Interdisciplinario de Expertos Investigadores, que resultó ser un grupo muy profesional que de inmediato comenzó a dar resultados.

A su vez la Procuraduría Federal realizaba sus investigaciones concentradas en el documento que llamó “la verdad histórica” con lo cual daba por concluida la investigación para después proceder al cierre el caso. Pretendía la PGR que estos investigadores se asimilaran a sus indagatorias para que, con ese aval, se diera por terminado el espinoso caso, con absoluta credibilidad.

Pero la PGR no calculó el profesionalismo ni la reconocida integridad de los miembros integrantes del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Investigadores), que refutaron de manera científica lo que sostenía “la verdad histórica” de que los 43 estudiantes fueron incinerados por criminales confesos en el basurero de Cocula y sus cenizas arrojadas a un río.

Un experto en fuego de la Universidad de Australia, el peruano José Torero, expuso con fundamentos irrebatibles la imposibilidad de incinerar 43 cuerpos en ese basurero, sin dejar huellas en el campo de la incineración, con lo que se vino abajo “la verdad histórica” concebida por el entonces procurador Jesús Murillo Karam.

Ahora la CIDH insta al gobierno mexicano a indagar a profundidad la participación el Ejército y de la Policía Federal en estos acontecimientos porque en el expediente ministerial encontró, según declaraciones emitidas, que militares del 27 batallón de infantería tienen parentesco de primer grado con líderes del crimen organizado en Guerrero, lo que debe ser investigado. Enfatiza que es necesario profundizar en las líneas de investigación sobre el trasiego de drogas con autobuses de México a Estados Unidos y que ciertas empresas de transporte pudieran estar implicadas en ese delito, además de atender las denuncias por tortura hechas por algunos de los inculpados.

El miércoles 6, en Washington, integrantes del Mecanismo  Seguimiento al Asunto Ayotzinapa de la CIDH, presentaron el informe de su primer año de labores en el que consideran trascendental la resolución de un Tribunal Federal con sede en Tamaulipas, de reponer el proceso por este caso y que se cree una comisión de investigación para la verdad y la justicia, en el que se da un papel protagónico a los familiares de las víctimas y se apremia al Estado mexicano acatar dicho fallo.

Al presentar su informe los miembros del Mecanismo de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA), estuvieron acompañados por la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, Esmeralda Arosemena de Troitiño, comisionada relatora para México y Luis Ernesto Vargas Silva integrante del MESA, en el informe se recomienda al gobierno mexicano cambiar la narrativa en el caso ante las evidencias de que la llamada “verdad histórica” está enterrada y es insostenible.

Como puede advertirse el caso Ayotzinapa se complica y lejos de avanzar retrocede. Reponer el procedimiento es comenzar de nuevo, de cero,  cuando han transcurrido más de tres años en que se dieron los hechos. La PGR minimizó el  problema porque lo creyó de muy fácil solución y esa falsa creencia hizo que se agigantara para darle la vuelta al mundo. Lo que se demanda es justicia, pero cuán difícil es concederla en este caso.

COLOFÓN.- Acertado nombramiento hizo el rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández en la persona del doctor Luis Felipe Rodríguez, como coordinador del Centro Mesoamericano de Física Teórica.

El nuevo funcionario de la Unach obtuvo la licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en Astronomía en la Universidad de Harvard.

Su especialidad es la radioastronomía técnica de la que fue pionero en México disciplina con la que estudia el nacimiento y la juventud de las estrellas así como los sistemas estelares dobles en los que una de las estrella se ha transformado en hoyo negro.

Es un académico de alto nivel que se incorpora a la Unach, lo que habla muy bien del rector Ruiz Hernández al integrar a la institución a científicos que van a conducir con destreza a las nuevas generaciones.