/ viernes 22 de enero de 2021

Sugieren banqueros cambiar utilidades por bonos de productividad

En la negociación sobre el outsourcing, Luisa María Alcalde insiste en que el PTU no es negociable

Los banqueros del país consideraron que el reparto de utilidades no debe de ser obligatorio por ley y que debe de cambiarse por un modelo de bonos de productividad.

Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), aseveró que la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) “solamente agrega carga fiscal, laboral y social, sin consideración alguna de las mejores prácticas mundiales”.

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“Compartir el progreso y los buenos resultados de las empresas con sus trabajadores no debe de ser por mandato de ley, sino como parte de las mejores prácticas empresariales”, subrayó durante la segunda mesa de debate al PTU, entre la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, los sindicatos, la banca comercial y aseguradoras del país.

Niño de Rivera añadió que el modelo tradicional de reparto de utilidades no toma en consideración el tiempo en la empresa de los trabajadores, la productividad, tamaño y naturaleza de la empresa, así como la aportación que hace cada área y trabajador en beneficio de los resultados financieros y requerimientos futuros de inversión que aseguren la viabilidad de la empresa.

“Como en todos los demás sectores productivos del país, la distribución de las utilidades entre los colaboradores se vuelve altamente inequitativa al no considerar la aportación a la productividad y a los resultados”, acotó.

Por su parte, Sofía Belmar Berumen, presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) , propuso que la contratación de servicios especializados a terceros se dé conforme a lo que estipula la Ley de Seguros y Fianzas, así como acordar un “umbral que logre que este derecho realmente contribuya a incentivar la productividad de los empleados y permita al mismo tiempo el desarrollo de las empresas y la reinversión de sus utilidades”.

Dijo que la finalidad es “cumplir con el propósito de mejorar la distribución del ingreso sin que ello ponga en riesgo las fuentes de empleo, la descapitalización de las empresas o las inversiones del país”.

En su oportunidad, Álvaro García Pimentel, presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB) propuso poner un “máximo al pago del PTU de, por ejemplo, un mes de salario” o bien, que se acuerde entre todas las partes, un número de días que beneficie a los trabajadores, pero que no destruya la competitividad de nuestras empresas”.

“Las estadísticas del censo económico indican que los pagos que hoy se hacen por este concepto son de entre seis y 26 días de salario”, refirió.

STPS SE AFERRA

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa Alcalde, insistió que estas mesas de debate no son “un espacio en el cual estemos discutiendo el derecho de los trabajadores al reparto de utilidades”.

Dijo que este es un derecho constitucional se fijó en 10 por ciento y que las empresas están obligadas a repartir.

“Este derecho no se somete a un debate, a una discusión, no es un espacio con ese objetivo, el espacio, insisto, es saber si el marco de la iniciativa de subcontratación pudiese tener efectos'', comentó.

La funcionaria detalló que la banca y las aseguradoras del país representan 4.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y que generan, en conjunto, más de 600 mil empleos formales en el país.

Los banqueros del país consideraron que el reparto de utilidades no debe de ser obligatorio por ley y que debe de cambiarse por un modelo de bonos de productividad.

Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), aseveró que la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) “solamente agrega carga fiscal, laboral y social, sin consideración alguna de las mejores prácticas mundiales”.

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“Compartir el progreso y los buenos resultados de las empresas con sus trabajadores no debe de ser por mandato de ley, sino como parte de las mejores prácticas empresariales”, subrayó durante la segunda mesa de debate al PTU, entre la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, los sindicatos, la banca comercial y aseguradoras del país.

Niño de Rivera añadió que el modelo tradicional de reparto de utilidades no toma en consideración el tiempo en la empresa de los trabajadores, la productividad, tamaño y naturaleza de la empresa, así como la aportación que hace cada área y trabajador en beneficio de los resultados financieros y requerimientos futuros de inversión que aseguren la viabilidad de la empresa.

“Como en todos los demás sectores productivos del país, la distribución de las utilidades entre los colaboradores se vuelve altamente inequitativa al no considerar la aportación a la productividad y a los resultados”, acotó.

Por su parte, Sofía Belmar Berumen, presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) , propuso que la contratación de servicios especializados a terceros se dé conforme a lo que estipula la Ley de Seguros y Fianzas, así como acordar un “umbral que logre que este derecho realmente contribuya a incentivar la productividad de los empleados y permita al mismo tiempo el desarrollo de las empresas y la reinversión de sus utilidades”.

Dijo que la finalidad es “cumplir con el propósito de mejorar la distribución del ingreso sin que ello ponga en riesgo las fuentes de empleo, la descapitalización de las empresas o las inversiones del país”.

En su oportunidad, Álvaro García Pimentel, presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB) propuso poner un “máximo al pago del PTU de, por ejemplo, un mes de salario” o bien, que se acuerde entre todas las partes, un número de días que beneficie a los trabajadores, pero que no destruya la competitividad de nuestras empresas”.

“Las estadísticas del censo económico indican que los pagos que hoy se hacen por este concepto son de entre seis y 26 días de salario”, refirió.

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Dijo que este es un derecho constitucional se fijó en 10 por ciento y que las empresas están obligadas a repartir.

“Este derecho no se somete a un debate, a una discusión, no es un espacio con ese objetivo, el espacio, insisto, es saber si el marco de la iniciativa de subcontratación pudiese tener efectos'', comentó.

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