Los actos de corrupción encontrados en la administración de los recursos públicos durante el pasado gobierno no se deben eludir, las instituciones responsables de la fiscalización, la transparencia y rendición de cuentas, tienen que hacer un trabajo responsable para conocer el destino de los recursos públicos, dijo la secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Adriana Bustamante Grajales.
El sexenio anterior el Legislativo autorizó al gobierno del estado 469.36 mil millones de pesos, entre el primero y el sexto año existe una diferencia de 22.4 mil millones de pesos; sin embargo, “debe transparentarse su ejercicio, y resolverse las deudas que se reclaman al actual gobierno estatal”, añadió en entrevista.
LO GASTADO
Según la información del Poder Legislativo, en el 2013 el gobierno de Manuel Velasco Coello, contó con un presupuesto de 66.8 mil millones de pesos, en el 2014 de 78.06 mil millones, en el 2015 de 80.3 mil millones de pesos, en el 2016 ascendió a 81.2 mil millones, para el 2017 creció a 81.8 mil millones y en 2018 se ubicó en los 89.2 mil millones, aunque en todos los ejercicios cerró con un mayor monto.
En ese sentido, Bustamante Castellanos dijo en entrevista que la aplicación de los recursos debe pasar por la Auditoría Superior del Estado, tiene que haber una revisión muy profunda y de lo que se encuentre se tiene que solventar; el Sistema Nacional Anticorrupción así lo señala, así como la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos, añadió.
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Mencionó que muchos servidores públicos no se asumen como tal, “no tienen conocimiento de los delitos en que incurren, deben conocer la legislación, capacitarse, la rendición de cuentas es para todos; la falta de recursos en educación y salud tienen que resolverse de fondo, aunque lamentablemente muchas plazas en ambos sectores se obtuvieron por actos de corrupción mediante la compra”.
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