Tuxtla Gutiérrez.- Durante la sesión ordinaria de la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, presidida por la diputada Sonia Catalina Álvarez del Partido del Trabajo, se dio lectura a diversas solicitudes de licencia presentadas por presidentes municipales, síndicos y regidores de distintos ayuntamientos en la entidad.
En el municipio de Mezcalapa, José Tilo Alcudia Hernández, presidente municipal, y Deisy Rincón Díaz, síndico, solicitaron licencia al cargo a partir del 5 de enero de 2024 por un periodo de seis meses. La petición fue realizada durante una sesión extraordinaria del cabildo el 14 de diciembre y ha sido remitida a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio.
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En Berriozábal, Jorge Arturo Acero Gómez, presidente municipal, presentó una solicitud de licencia al cargo por 169 días a partir del 5 de enero. La petición también fue realizada en una sesión extraordinaria del cabildo el 14 de diciembre y está relacionada con su interés de buscar un cargo de elección en los comicios del 2 de junio de 2014.
Además, Gerardo Padilla Cerda, tercer regidor propietario del ayuntamiento de Jiquipilas, solicitó al cabildo autorización para separarse del cargo de manera indefinida, comunicando esta decisión el 18 de diciembre.
En Acacoyagua, Rubí Antonio Niño, cuarta regidora, solicitó licencia al cabildo para separarse del cargo y, posteriormente, tramitó la licencia de manera definitiva este 21 de diciembre. Todas estas solicitudes han sido enviadas a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su respectivo análisis y dictamen.
En otro tema, el diputado local de Morena, Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, destacó el cumplimiento a la legalidad por parte de las mujeres servidoras públicas de Chiapas durante los últimos cinco años de gobierno.
Por su parte, la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Rocío Guadalupe Cervantes Cancino, abordó la urgencia de reformar el Código Penal del Estado de Chiapas para establecer una penalidad de tres a cinco años contra servidores públicos responsables de acoso laboral. Propuso incluir un Capítulo Segundo Ter, relativo al Acoso Laboral, en el Código Penal, con el objetivo de sancionar el acoso sexual laboral con penas que van de tres a cinco años. Este tema también fue remitido a la Comisión correspondiente para su análisis y dictamen.
