El Congreso del Estado aprobó por mayoría en sesión virtual presidida por el diputado José Octavio García Macías, con la asistencia de 28 diputados y diputadas de un total de 40, reformar los artículos 17, 52 y 89 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, para disminuir el monto de las prerrogativas a los partidos políticos para el ejercicio 2021, tras dar lectura al dictamen aprobado previamente por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El argumento de la iniciativa presentada por el grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), analiza la propuesta que para el 2020 solicitado por el IEPC para los partidos políticos 153 millones 853 mil 670 pesos con 79 centavos, por ello es viable autorizar el financiamiento público con base en el 32.5 por ciento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente equivalente a 105 millones 239 mil 553 pesos con 28 centavos.
En ese sentido, la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Olga Luz Espinosa Morales, votó en contra de la propuesta y defendió el financiamiento público como corresponde para los partidos políticos, advirtió que una disminución corre el riesgo de que sea el financiamiento privado el que determine el resultado de las elecciones próximas.
Por el PRI, la diputada Luz María Palacios Farrera, que votó en contra, señaló que esta determinación es inconstitucional, regresiva y atentatoria y es perpetuarse en el poder vulnerando los derechos de otros, es una especie del primer ensayo de Morena para cubrir su falta de éxito en su forma de gobernar en el país, lo que busca es asfixiar a los partidos en vez de generar igualdad de condiciones para la competencia política electoral.
Palacios Farrera hizo un llamado a las dirigencias nacionales de los partidos a organizarse para defender los derechos como corresponden ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por considerar que es violatoria de una serie de derechos.
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En ese sentido, el diputado Marcelo Toledo Cruz, presidente de la comisión dictaminadora argumentó que se requiere de una austeridad republicada para la transformación verdadera de la historia del estado y del país, la reducción de las prerrogativas es una necesidad porque en los documentos básicos de los partidos se argumenta el bienestar de la sociedad y la forma de hacer política ha evolucionado.
Según la iniciativa aprobada, el financiamiento público de orden estatal para el sostenimiento de las actividades ordinarias de los particos políticos se determinará multiplicando el número de ciudadanos inscritos en padrón electoral del estado de Chiapas con fecha de corte del mes de julio del año inmediato anterior, por el 32.5 por ciento del valor de la UMA.
El dictamen aprobado establece que para gastos de campaña para el proceso electoral 2021 se otorgará un monto equivalente al 30 por ciento de financiamiento público que para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes les corresponderán a los partidos políticos.
Se estableció que los presidentes municipales, síndicos y regidores que pretendan ser reelectos deberán ser registrados para el mismo cargo y municipio en que fueron electos previamente, acreditando haber solventado las observaciones que estén vinculadas a desvío de recursos públicos o falta de comprobación de gastos, realizada por la Auditoría Superior del Estado de la cuenta pública correspondiente al primer ejercicio fiscal, así como a los correspondientes informes que se hayan realizado.
