El canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubon coordinará el grupo de alto impacto encargado de cumplir en al menos mes y medio el compromiso pactado con Washington de bajar significativamente el flujo migratorio hacia Estados Unidos.
A través de un cambio de enfoque en la política migratoria, se incluye varias medidas de seguridad nacional. Como la designación de Francisco Garduño Yáñez, actual encargado de penales federales, para la verificación de las acciones de los agentes y de las estaciones migratorias. Además de la instalación de 12 cuarteles para ese fin distribuidos en distintos municipios
de Chiapas.
El comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social, también rendirá cuentas a Ebrard el general de brigada diplomado de Estado Mayor, Vicente Antonio Hernández Sánchez, quien coordinará a los seis mil elementos de la Guardia Nacional que serán desplegados en la frontera con Guatemala.
En este contexto de endurecimiento de las medidas de contención migratorias, ayer un ciudadano guatemalteco de aproximadamente 25 años de edad, falleció en el punto de revisión Viva México de la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración (INM).
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el subsecretario de Derechos humanos, Alejandro Encinas, y el coordinador nacional de Protección Civil, David León, quienes negociaron en un inicio con la Casa Blanca, no tendrán presencia en el equipo coordinado por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Ayer el canciller sonrió y bromeó con los reporteros en las dos ruedas de prensa que ofreció. Incluso, pidió cacahuates japoneses para su portavoz, Roberto Velasco: “así nos llevamos”, soltó Ebrard en medio de la carcajada de funcionarios y periodistas.
Por su parte, Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina y El Caribe, aseguró que el plan de migración puesto en marcha por el gobierno mexicano podría arrancar con la aplicación de dos mil millones de pesos del denominado Fondo Yucatán para otorgar ayuda a Centroamérica.
Confirmó que ya trabajan en un Sistema Regional de Gestión Migratoria para intercambiar información entre esa región y América del Norte.
“El Sistema Regional de Gestión Migratoria que tiene que empezar primero por intercambios de información de manera más clara. Hay grupos, se llaman GANSEG (Grupos de Alto Nivel de Seguridad), hay todavía de manera bilateral, México con cada país o cada país con México, pretendemos construir uno con los cuatro países”, explicó Reyes.
Las nuevas disposiciones crisparon la relación de México con el gobierno de El Salvador. El vicepresidente de este país, Félix Ulloa, lamentó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya negociado de manera bilateral y, al mismo tiempo, ha planteado que Centroamérica está a bordo.
“Casi somos como una moneda de cambio en estas negociaciones (...) El acuerdo va a tener consecuencias, no sólo de carácter humanitario, sino a nivel de política regional”, agregó la autoridad de El Salvador.
PREPARAN CUARTELES
EN CHIAPAS
El secretario de la Defensa Nacional (sedena), Cresencio Sandoval González, sostuvo una reunión a puerta cerrada con autoridades de los tres órdenes de gobierno en Tapachula, Chiapas, en la que por espacio de dos horas se habló del posible sitio donde se construiría el cuartel de la Guardia Nacional (GN), que de primera intención tendría sede en ese municipio.
Más tarde, la LXVII Legislatura del Congreso de Chiapas aprobó la desincorporación de seis predios para darlos en donación a la Federación y sean utilizados para la construcción de los cuarteles, espacios ubicados en las alcaldías de Bochil, Villaflores, Ocosingo, Pichucalco, Palenque y Tonalá.
Para el estado de Chiapas existe el proyecto de instalar 12 cuarteles de la GN distribuidos en distintos municipios; sin embargo, el pacto con estados Unidos fue disminuir el flujo migratorio, pasando de 144 mil migrantes a 40 mil, por lo que la porosidad de la frontera podría obligar a incrementar el número de elementos de seguridad y, por ende, los cuarteles o bases.
“Es posible que el acuerdo entre México y Estados Unidos, respecto a blindar la frontera sur con la presencia de elementos de la Guardia Nacional, obligue a las autoridades federales a reconfigurar varios temas propuestos por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador”, opinó el diputado local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Emilio Salazar Farías.
Ahora, dijo, la intención de contener el flujo de migrantes centroamericanos se contrapone con la propuesta de dar trabajo a cierto número de indocumentados que cruzan a México por la frontera entre Chiapas y Guatemala.
El legislador local del Partido Verde, Salazar Farías consideró que la presencia de elementos de la Guardia no significa que se esté militarizando a la entidad, sino para que protejan la legalidad y la soberanía del país, además de que, al bloquear la franja fronteriza, no sólo se erradicaría el cruce ilegal de indocumentados, sino que sería un golpe al tráfico de drogas, armas, incluso de personas.
Por último, el legislador mencionó que el recurso para el sostenimiento de dicho cuerpo de seguridad estará en manos de la Federación, así que deberá estar contemplado en el Presupuesto de Egresos y constará de tres fuentes: Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Policía Federal.
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