/ martes 19 de noviembre de 2019

Auditarán a los municipios, buscan transparencia en el manejo de recursos

Detección de pagos a proveedores “riesgosos”, una de las prioridades

Tuxtla Gutiérrez.- A verificar la gestión de los recursos de los ayuntamientos, especialmente de las participaciones federales, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dedica el último trimestre del año, anunció el director general de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos “D” de esa institución, Aureliano Hernández Palacios Cardel.

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Dijo que en el estado pondrán bajo escrutinio a al menos nueve demarcaciones. Será la primera vez que la ASF empleará un nuevo esquema de trabajo en el que buscará “cosas distintas”. En esta ocasión uno de los puntos en el que más pondrán atención serán los pagos a proveedores “riesgosos”.

Si hay un buen ritmo de trabajo, la cantidad de alcaldías que rendirán cuentas estará ampliándose. Será la primera vez que la Auditoría Superior del Estado (ASE) colaborará con la ASF, afirmó.

Informó que gracias a la irrupción de la factura electrónica, la ASF arrancará la fiscalización con conocimiento de todos los pagos que los gobiernos municipales efectuaron. La petición de datos serán únicamente para corroborar. Por esa razón, a pesar de que es dinero que ocupan bajo criterios propios, las autoridades -por mandato de ley- deben “etiquetar” esas participaciones.

Durante 2017, en todo el país la ASF emitió observaciones cuantificadas por un total de cinco mil millones de pesos. Retención de parte del sueldo de los burócratas por rubros que nunca fueron cubiertos, pago de plazas laborales no previstas, depósitos a trabajadores que no prestan servicio desde hace tiempo, falta de documentación comprobatoria, desembolsos en exceso improcedentes y obra pública no ejecutada fueron los motivos más frecuentes de esas irregularidades, detalló.

El funcionario federal pidió a los ayuntamientos hacer caso a las solicitudes de información de la ASE, la Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHFP) y/o la ASF. La labor que efectúen las instancias en conjunto permitirá que los servidores públicos tengan información clara y por ende una administración menos cuestionada.

“Si no nos están dando la información (…) quiere decir que tengo una gran deficiencia de control interno, que tengo una gran deficiencia en la integración de la información que finalmente sirve para rendir cuentas. Les estamos pidiendo algo que el sentido común o que un ciudadano quisiera esperar saber: en qué se está gastando el gobierno el dinero”, puntualizó.

En la primera entrega del Informe de Resultado de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, en primer término la ASF emitió al gobierno de Chiapas observaciones que ascendían en conjunto a un millón 262 mil pesos en la distribución y ministración de participaciones federales a los municipios, mismas que con posterioridad fueron solventadas en su totalidad.

En la revisión de la Cuenta Pública 2017, por inobservancias a la normativa en el manejo de participaciones federales dicha instancia determinó al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez un “probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 265.667.4 miles de pesos, destacó.

Tuxtla Gutiérrez.- A verificar la gestión de los recursos de los ayuntamientos, especialmente de las participaciones federales, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dedica el último trimestre del año, anunció el director general de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos “D” de esa institución, Aureliano Hernández Palacios Cardel.

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Dijo que en el estado pondrán bajo escrutinio a al menos nueve demarcaciones. Será la primera vez que la ASF empleará un nuevo esquema de trabajo en el que buscará “cosas distintas”. En esta ocasión uno de los puntos en el que más pondrán atención serán los pagos a proveedores “riesgosos”.

Si hay un buen ritmo de trabajo, la cantidad de alcaldías que rendirán cuentas estará ampliándose. Será la primera vez que la Auditoría Superior del Estado (ASE) colaborará con la ASF, afirmó.

Informó que gracias a la irrupción de la factura electrónica, la ASF arrancará la fiscalización con conocimiento de todos los pagos que los gobiernos municipales efectuaron. La petición de datos serán únicamente para corroborar. Por esa razón, a pesar de que es dinero que ocupan bajo criterios propios, las autoridades -por mandato de ley- deben “etiquetar” esas participaciones.

Durante 2017, en todo el país la ASF emitió observaciones cuantificadas por un total de cinco mil millones de pesos. Retención de parte del sueldo de los burócratas por rubros que nunca fueron cubiertos, pago de plazas laborales no previstas, depósitos a trabajadores que no prestan servicio desde hace tiempo, falta de documentación comprobatoria, desembolsos en exceso improcedentes y obra pública no ejecutada fueron los motivos más frecuentes de esas irregularidades, detalló.

El funcionario federal pidió a los ayuntamientos hacer caso a las solicitudes de información de la ASE, la Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHFP) y/o la ASF. La labor que efectúen las instancias en conjunto permitirá que los servidores públicos tengan información clara y por ende una administración menos cuestionada.

“Si no nos están dando la información (…) quiere decir que tengo una gran deficiencia de control interno, que tengo una gran deficiencia en la integración de la información que finalmente sirve para rendir cuentas. Les estamos pidiendo algo que el sentido común o que un ciudadano quisiera esperar saber: en qué se está gastando el gobierno el dinero”, puntualizó.

En la primera entrega del Informe de Resultado de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, en primer término la ASF emitió al gobierno de Chiapas observaciones que ascendían en conjunto a un millón 262 mil pesos en la distribución y ministración de participaciones federales a los municipios, mismas que con posterioridad fueron solventadas en su totalidad.

En la revisión de la Cuenta Pública 2017, por inobservancias a la normativa en el manejo de participaciones federales dicha instancia determinó al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez un “probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 265.667.4 miles de pesos, destacó.

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