/ viernes 16 de agosto de 2019

Autoridades, posibles culpables de invasiones de terrenos

Familias desalojadas del predio denominado ampliación los Limones señalaron al director regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Adrián Méndez Barrera como el principal responsable de que ahora no tengan donde vivir, pues los engañó y les aseguró que el territorio donde estaban sería regularizado.

Las 126 familias mostraron documentos, en los cuales las autoridades municipales y estatales les autorizaron vivir en dicha zona con el compromiso de reforestar y cuidar del área, e incluso les prometieron que la región que ellos pretendían habitar formaba parte de las 91 colonias que estaban próximas a desincorporar.

Sin embargo, estas falsas promesas salieron a la luz el 9 de mayo a las 5:30 de la mañana cuando mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de Estado los desalojaron.

“Lo único que le pido con todo respeto al gobernador es que nos reubique, no le echo la culpa al gobierno, culpo a las personas que nos dieron los papeles, que nos abrieron las puertas y principalmente culpo directamente al biólogo Adrián Méndez, porque él fue el que nos desalojó, el que nos dijo toquen puertas que serán abiertas para ustedes, él nos dio esperanzas”, expresó doña Margarita que fue desalojada un día antes de celebrar a las madres.



La mayoría de estas familias fue engañada por supuestos líderes sociales que por un pago mínimo les garantizaron que en “poco” tiempo saldrían las escrituras y así pasaron 10 años, otros individuos aseveraron que fueron los mandos municipales quienes les dieron el permiso para habitar lotes dentro del Área Natural Protegida “Cañón del Sumidero”.

Los desalojos que se han presentado en este 2019 han dado buenos resultados para las autoridades y sobre todo para los propietarios de los terrenos invadidos que por años únicamente veían cómo poco a poco sus tierras se habitaban; no obstante, mientras unos cuantos celebran ese triunfo, cientos de personas están hundidas en la desesperación ante la falta de un techo.

La situación para ellas es complicada ya que en la mayoría son de escasos recursos y difícilmente podrán pagar una renta, por ello muchas han vivido durante este tiempo en pequeños cuartos que los vecinos les han prestado o incluso en templos religiosos.

Don Gilberto, de oficio zapatero, gana al día de entre 30 y cien pesos, eso es lo que usa para alimentar a sus hijos y para que asistan a la escuela, don Gilberto es viudo y es responsable de sus dos vástagos.

“No tenemos un lugar donde vivir y lo que estamos pidiendo al menos es que el gobernador nos apoye con la reubicación, con un terrino, se lo vamos a pagar, tampoco lo queremos de gratis, ahora estoy en un sitio prestado, no tengo ni para la renta y necesito mantener a mis hijitos y el trabajo está bajo, la verdad vamos al día sólo para la comidita y los niños vayan a la escuela”, manifestó.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado desde hace cinco meses aproximadamente han sido detenidas 156 personas y recuperadas cinco mil 238 hectáreas en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Jiquipilas, Ocozocoautla, San Fernando, Acala y Tapachula, a través del programa Seguridad y Justicia 2019 iniciado el 15 de febrero de este año.


AUTORIDADES

Por su parte, Méndez Barrera negó la existencia de un permiso para que estos individuos pudieran habitar el área e incluso mencionó que estos pudieron haber sido víctimas de chantaje por parte del Ayuntamiento para obtener recursos.

“Es falso que se les haya permitido estar ahí, muchos de los funcionarios del Ayuntamiento o del estado usaron algunas técnicas para chantajear esta gente y obtener recursos, ahí hay corrupción, en esos sitios no se podían quedar y se los manifestamos por eso hay escritos de parte nuestra, la gente decía que tenía documentos pero estos no son reales, alguien se los extendió pero son nulos y la credencial de elector no acredita la propiedad solo es para votar”, aclaró.



Según el director de la Conanp estas inconsistencias son responsabilidad del gobierno anterior encabezado por Manuel Velasco Coello, ya que fue en ese periodo cuando las invasiones incrementaron.

Otra de las pruebas que utilizan los desalojados son los plásticos que les otorgaron en 2015, curiosamente antes de las elecciones para elegir presidente municipal y donde resultó ganador Fernando Castellanos Cal y Mayor, quien después siguió mintiendo a las familias con la supuesta desincorporación del predio; sin embargo, éstas no acreditan como dueños. Efraín Alonso Lastra Everardo, vocal ejecutivo del Distrito IX de Tuxtla Gutiérrez dio a conocer que existen distintas maneras de obtener la credencial.

“Es posible que algunos tuvieran identificación pero nosotros tenemos bien reconocidas cuáles son las áreas naturales protegidas pero normalmente pertenecen a una sección electoral y a veces dividida por una calle, entonces es posible que la persona haya traído un comprobante del otro lado de la arteria y puso a disposición todos los documentos que necesitamos y se les dio su credencial”, detalló Lastra Everardo.

Las zonas naturales protegidas y de alto riesgo no se pueden vender, por tanto ningún seudolíder tiene la facultad ni “contactos” para que se den escrituras.

Familias desalojadas del predio denominado ampliación los Limones señalaron al director regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Adrián Méndez Barrera como el principal responsable de que ahora no tengan donde vivir, pues los engañó y les aseguró que el territorio donde estaban sería regularizado.

Las 126 familias mostraron documentos, en los cuales las autoridades municipales y estatales les autorizaron vivir en dicha zona con el compromiso de reforestar y cuidar del área, e incluso les prometieron que la región que ellos pretendían habitar formaba parte de las 91 colonias que estaban próximas a desincorporar.

Sin embargo, estas falsas promesas salieron a la luz el 9 de mayo a las 5:30 de la mañana cuando mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de Estado los desalojaron.

“Lo único que le pido con todo respeto al gobernador es que nos reubique, no le echo la culpa al gobierno, culpo a las personas que nos dieron los papeles, que nos abrieron las puertas y principalmente culpo directamente al biólogo Adrián Méndez, porque él fue el que nos desalojó, el que nos dijo toquen puertas que serán abiertas para ustedes, él nos dio esperanzas”, expresó doña Margarita que fue desalojada un día antes de celebrar a las madres.



La mayoría de estas familias fue engañada por supuestos líderes sociales que por un pago mínimo les garantizaron que en “poco” tiempo saldrían las escrituras y así pasaron 10 años, otros individuos aseveraron que fueron los mandos municipales quienes les dieron el permiso para habitar lotes dentro del Área Natural Protegida “Cañón del Sumidero”.

Los desalojos que se han presentado en este 2019 han dado buenos resultados para las autoridades y sobre todo para los propietarios de los terrenos invadidos que por años únicamente veían cómo poco a poco sus tierras se habitaban; no obstante, mientras unos cuantos celebran ese triunfo, cientos de personas están hundidas en la desesperación ante la falta de un techo.

La situación para ellas es complicada ya que en la mayoría son de escasos recursos y difícilmente podrán pagar una renta, por ello muchas han vivido durante este tiempo en pequeños cuartos que los vecinos les han prestado o incluso en templos religiosos.

Don Gilberto, de oficio zapatero, gana al día de entre 30 y cien pesos, eso es lo que usa para alimentar a sus hijos y para que asistan a la escuela, don Gilberto es viudo y es responsable de sus dos vástagos.

“No tenemos un lugar donde vivir y lo que estamos pidiendo al menos es que el gobernador nos apoye con la reubicación, con un terrino, se lo vamos a pagar, tampoco lo queremos de gratis, ahora estoy en un sitio prestado, no tengo ni para la renta y necesito mantener a mis hijitos y el trabajo está bajo, la verdad vamos al día sólo para la comidita y los niños vayan a la escuela”, manifestó.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado desde hace cinco meses aproximadamente han sido detenidas 156 personas y recuperadas cinco mil 238 hectáreas en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Jiquipilas, Ocozocoautla, San Fernando, Acala y Tapachula, a través del programa Seguridad y Justicia 2019 iniciado el 15 de febrero de este año.


AUTORIDADES

Por su parte, Méndez Barrera negó la existencia de un permiso para que estos individuos pudieran habitar el área e incluso mencionó que estos pudieron haber sido víctimas de chantaje por parte del Ayuntamiento para obtener recursos.

“Es falso que se les haya permitido estar ahí, muchos de los funcionarios del Ayuntamiento o del estado usaron algunas técnicas para chantajear esta gente y obtener recursos, ahí hay corrupción, en esos sitios no se podían quedar y se los manifestamos por eso hay escritos de parte nuestra, la gente decía que tenía documentos pero estos no son reales, alguien se los extendió pero son nulos y la credencial de elector no acredita la propiedad solo es para votar”, aclaró.



Según el director de la Conanp estas inconsistencias son responsabilidad del gobierno anterior encabezado por Manuel Velasco Coello, ya que fue en ese periodo cuando las invasiones incrementaron.

Otra de las pruebas que utilizan los desalojados son los plásticos que les otorgaron en 2015, curiosamente antes de las elecciones para elegir presidente municipal y donde resultó ganador Fernando Castellanos Cal y Mayor, quien después siguió mintiendo a las familias con la supuesta desincorporación del predio; sin embargo, éstas no acreditan como dueños. Efraín Alonso Lastra Everardo, vocal ejecutivo del Distrito IX de Tuxtla Gutiérrez dio a conocer que existen distintas maneras de obtener la credencial.

“Es posible que algunos tuvieran identificación pero nosotros tenemos bien reconocidas cuáles son las áreas naturales protegidas pero normalmente pertenecen a una sección electoral y a veces dividida por una calle, entonces es posible que la persona haya traído un comprobante del otro lado de la arteria y puso a disposición todos los documentos que necesitamos y se les dio su credencial”, detalló Lastra Everardo.

Las zonas naturales protegidas y de alto riesgo no se pueden vender, por tanto ningún seudolíder tiene la facultad ni “contactos” para que se den escrituras.

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