Claudia Irene Sánchez Gómez, indígena tseltal originaria de Oxchuc, es ingeniera agrónoma egresada de la Universidad Chapingo y también maestra en antropología social. Su pasión es trabajar con los campesinos y las campesinas del sector social. Denuncia el abandono por parte de las instituciones del Estado Mexicano. En Chiapas, entre 200,000 y 250,000 campesinas organizadas producen por su propia cuenta, trabajando la tierra con sus propios medios, a pesar de la disponibilidad de tierras y la necesidad de producir alimentos para alcanzar la suficiencia alimentaria.
Sánchez Gómez señala que son los propios pueblos originarios los que están fortaleciendo su propia organización. “Necesitamos —dijo— volver a mirarnos, a encontrarnos con nosotros mismos, a dialogar con la riqueza que tenemos desde la herencia de nuestros pueblos abuelos. Mientras padecemos el abandono de las instituciones, también hemos abandonado nuestra propia historia y necesitamos reencuentro, actualizar lo que sabemos y mejorar lo que falta”.
A pesar del orgullo que sentimos por médicos, abogados y maestros, Sánchez Gómez critica la falta de reconocimiento hacia quienes trabajan la tierra, como los campesinos indígenas tseltales, tsostiles, choles, zoques, tojolabales, cachiqueles, mochós, mames, chujes, jacaltecos, canjobales y lacandones mayas, reconocidos en la Constitución Política del Estado de Chiapas, pero con atención insuficiente por parte de los gobiernos. Esto lo reiteró en una entrevista en Tuxtla Gutiérrez.
Sánchez Gómez sugiere que, así como la milpa se actualiza cada ciclo agrícola, el Congreso del Estado debería actualizar las leyes para garantizar la atención integral al campo, adecuándose al proceso actual. Falta legislación para generar alimentos sanos y sustentables, que cuide el medio ambiente. El banco de germoplasma de los pueblos debe fortalecerse, pero esto requiere respaldo en investigación, financiamiento, capacitación, y asistencia técnica. Además, el consumidor debe hacerse responsable de lo que consume.
Sánchez Gómez insiste en la necesidad de actualizar todas las leyes relacionadas con el campo. Los diputados locales que asumirán el 1 de octubre de 2024 deben considerar estos cambios legales y garantizar presupuestos públicos justos para el sector. La atención al campo debe ser una prioridad, incluyendo la atención a las mujeres campesinas. La base de datos de mujeres en el campo debe actualizarse, ya que cada vez más mujeres se quedan a resolver la producción debido a la migración de los hombres a diversos estados del país y al extranjero. Se documentan unos 400,000 campesinos en el estado, y aproximadamente la mitad podrían ser mujeres, unas 200,000 o 250,000.
Todos necesitan apoyo para producir más y mejor. Se requiere un sistema que los acompañe con una perspectiva de género, con más profesionales trabajando con el sector social que reciban respaldo. La falta de atención al campo durante aproximadamente 40 años ha reducido la producción, el rendimiento por hectárea, y la superficie cultivada, mientras que el consumo de alimentos procesados y las enfermedades crónicas degenerativas han aumentado. La salud se ve afectada por la falta de alimentos sanos. Necesitamos volver al mercado de la milpa, puntualizó.
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