“Uno de los graves problemas sociales que enfrenta Chiapas es el desplazamiento interno forzado, donde las víctimas son indígenas y existen varios grupos por diversas causas fuera de sus hogares, en la actualidad hay unos cinco desplazados”, reconoció el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Juan José Zepeda Bermúdez.
Dijo que los municipios de Chenalhó, Chalchihuitán, Aldama, Ocosingo y Zinacantán son el centro de atención debido a las expulsiones, por las que se han emitido recomendaciones al gobierno del estado, además de la encomienda 87/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Los motivos son variados, y a su juicio, son atendidos, por ello la CEDH prepara un informe de la situación real del problema, de cada municipio y familia, a cargo de la visitadora general especializada en la Atención de Asuntos Indígenas, Martha Laura Sánchez Flores, de San Cristóbal de Las Casas.
Indicó que en diciembre de 2018, el Congreso del estado aprobó un punto de acuerdo para solicitar al Poder Ejecutivo la atención del desplazamiento interno forzado, e hizo referencia a que en el ejido Cintalapa municipio de Ocosingo son 12 familias con un total de 39 tseltales que fueron sacados el 6 de marzo de 2009.
Asimismo, del ejido Tenango municipio de Ocosingo son 71 tseltales desplazados el 23 de enero de 2015; del paraje Sulvó municipio de Zinacantán, son 16 tzotziles, desplazados el 9 de diciembre de 2015, y del ejido Puebla municipio de Chenalhó, son 254 tzotziles, desplazados en 2015.
“El grupo ha viajado infinidad de ocasiones a la Ciudad de México, ha marchado descalzo de San Cristóbal de Las Casas a Tuxtla Gutiérrez, ha establecido campamentos de información a la sociedad en la autopista a la altura de la caseta de cobro, ha efectuado un plantón frente a la Secretaría de Gobernación y lo que se ha tenido es la negación del derecho.
Existe otro grupo que poco se menciona, es de la localidad Chigtón, municipio de Ixtapa, expulsado el 30 de agosto de 2012, se le ha ofrecido reubicación al predio El Vergel en Villa Corzo, de 40 hectáreas, instalarían la colonia 4 de Octubre, pero no aterriza la propuesta”, detalló.
Reconoció que este conflicto es complejo y admitió que hay recomendaciones a distintas autoridades estatales y municipales y estos individuos tienen atención por parte de los mandos estatales, principalmente de las secretarías de Protección Civil y de Salud, además reciben en San Cristóbal educación y alimentación, “pero no entiendo porque poner en riesgo a la población y salir a la carretera”.