Desde hace más de 14 meses, las actividades en varias dependencias gubernamentales han estado suspendidas debido a las restricciones de la pandemia del Covid-19, situación ha afectado las actividades de la ciudadanía que requieren de algún trámite, para solventar requerimientos administrativos.
Y es que a pesar de que Chiapas desde hace meses se encuentra en color verde en el semáforo epidemiológico del Covid-19, las autoridades del Estado mantienen la suspensión de la mayoría de las actividades en las oficinas burocráticas.
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En este sentido, el Presidente del Frente Cívico Popular del Soconusco, Pedro Pablo Scott Ramos, afirmó que las autoridades implementen una estrategia que permita reanudar de manera responsable las actividades, privilegiando las medidas sanitarias, como la desinfección constante de los espacios, la sana distancia y el uso del cubrebocas.
Indicó que las restricciones que impiden el reinicio de los trabajos en el Poder Judicial del Estado de Chiapas, representa una seria afectación en las actividades de la ciudadanía que necesitan algún trámite, por lo que nuevamente se retoma la petición a las autoridades.
El entrevistado puntualizó que al estar restringido el acceso al edificio del Poder Judicial, "la ciudadanía que acude a realizar trámites tienen que estar haciendo fila a la intemperie bajo los fuertes rayos del sol o la lluvia", por lo que se debe de reconsiderar la reanudación de las actividades.
Pidió a las autoridades brindar una mejor atención a la ciudadanía y a los abogados que tienen que realizar trámites, por lo que es necesario que ya no se siga postergando el reinicio de las actividades en las oficinas gubernamentales.
Puntualizó que en los procesos judiciales debe haber certidumbre, por lo que es fundamental haya responsabilidad de dar el servicio a la población, ya que en el caso de las resoluciones judiciales hay muchas personas encerradas que están a la espera de su situación jurídica.
Finalmente mencionó es urgente que los abogados y usuarios de la justicia puedan acceder a los servicios, a pesar de que se requiere ejercer acciones legales a las denuncias, por lo que es justo que la administración pública y el poder judicial inicien labores.
