La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), expresó su preocupación por los actos de violencia y agresiones que sufrieron los pobladores del municipio de Amatán, donde perdieron la vida dos miembros del Movimiento Campesino Regional Independiente-Coordinadora Nacional Plan de Ayala (MOCRI-CNPA).
En este contexto, alertó a las autoridades estatales y federales sobre la posibilidad de que haya una nueva transgresión de sus derechos humanos a la integridad, seguridad personal y a la vida, por la inseguridad que prevalece en aquella demarcación.
Por este motivo, la CNDH atrajo la investigación del caso de violencia en Amatán, para determinar posibles violaciones a los derechos fundamentales, por lo que solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) que también considere la atracción del mismo que, por su naturaleza y gravedad, trascendió al interés nacional.
Cabe recordar que, en los últimos tres meses han sido ejecutados cuatro líderes de organizaciones y un defensor de derechos humanos, lo que ha generado un ambiente de incertidumbre en la entidad, y la exigencia de diferentes de sector para esclarecer los hechos.
En el municipio de Amatán el 17 de enero fueron asesinados Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez, miembros del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI-CNPA), en tanto que el 22 de noviembre del 2018 fueron victimados Carlos Mayorga Guerrero, así como José Armando Jiménez Jiménez, de la misma organización.
Días antes, el 4 de enero fue acribillado en el municipio de Arriaga el defensor de los derechos humanos Sinar Corzo Esquinca, este último caso resaltó en el escenario internacional con el llamado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al gobierno mexicano para esclarecer los hechos. (El Heraldo 26 de enero)
Finalmente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solicitó a la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (Segob), a la oficina del comisionado general de la Policía Federal y a la Secretaría General de Gobierno (SGG) de Chiapas, la implementación de medidas cautelares, tendentes a garantizar y salvaguardar la integridad física de los pobladores de Amatán, así como la búsqueda y localización de las víctimas.
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