La colectiva Madres en Resistencia presentó un amparo indirecto número 2023/2023 en el Juzgado Tercero de Distrito del Vigésimo Circuito en Tuxtla Gutiérrez, para solicitar la atracción de la Fiscalía General de la República a los casos de feminicidios y desapariciones forzadas en Chiapas. Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 1 de junio de 2024, se reportaron 954 personas desaparecidas, siendo el 76% hombres y el 24% mujeres, según Yoselin Chavarría, representante de la colectiva.
En una conferencia de prensa en la entrada principal del Consejo de la Judicatura Federal en la colonia Las Palmas de Tuxtla Gutiérrez, Chavarría expresó: "Buscamos que este amparo no solo tenga efectos para los promoventes, sino también para la sociedad chiapaneca, y que obligue al gobernador Rutilio Escandón Cadenas y al Congreso del Estado a atender de manera pronta, con todos los recursos disponibles a su alcance, el problema de las desapariciones."
"Estas se están suscitando con impunidad porque existe un clima de tolerancia, incluso, de complicidades que nos mantienen el día de hoy sumidas en la violencia que enfrentamos todos y todas las chiapanecas ante la inexistencia de un Estado de Derecho", agregó Chavarría.
La representante también destacó que la mayoría de los hombres desaparecidos se encuentran en el rango de edad de 20 a 40 años, mientras que en las mujeres la edad predominante es de 10 a 19 años. La edad promedio de las personas desaparecidas que promueven el amparo se ubica en esos rangos de edad.
Según Chavarría, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas refleja que los municipios con mayor número de desaparecidos en Chiapas son Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Frontera Comalapa, Comitán de Domínguez, Palenque, San Cristóbal de Las Casas, Pantelhó, La Trinitaria, Reforma, Ocosingo, Arriaga, Tonalá, Amatenango de la Frontera, Motozintla, Berriozábal y Huixtla, concentrando en conjunto el 68% del total de las personas desaparecidas.
Además, explicó que esperan que el amparo ordene a la Fiscalía General de la República la atracción de las carpetas de investigación abiertas por las desapariciones, para investigar la participación de agentes del estado y, en su caso, judicializar a los responsables. También se busca que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas se haga cargo de coordinar las acciones de búsqueda con los familiares de los desaparecidos y la Fiscalía General de la República.
"Esperamos que se investigue la conducta de diferentes instancias involucradas en las desapariciones, incluyendo al actual Fiscal General del Estado, Olaf Gómez Hernández, y a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas", añadió Chavarría. Asimismo, el amparo busca que se ordene al Congreso del Estado de Chiapas la creación del Comité Ciudadano de Búsqueda, para permitir a las familias de desaparecidos participar en el diseño, seguimiento y evaluación de la política pública en materia de desaparición de personas, y que se ordene al gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, atender las causas estructurales generadas por la crisis de desaparecidos.
"Estamos cansadas de acuerdos incumplidos, no creemos en la palabra del gobernador ni en los compromisos que se generan cada vez que nos sentamos a dialogar con la Fiscalía", concluyó.
Por su parte, Isabel Torres, otra representante de la colectiva, explicó que el amparo fue promovido por mujeres, madres, esposas, hijas y seis infantes. "Nuestra lucha será a través de la vía jurídica, no solo con el objetivo de que la justicia federal nos dé la razón como víctimas de diversas violaciones a derechos humanos, sino también para obligar a las autoridades responsables de la investigación y búsqueda a realizar su trabajo, a pesar del tiempo perdido por la ineficacia y complicidades de los funcionarios involucrados", afirmó.
