Leonel Fernández, del Observatorio Nacional Ciudadano, dijo que aunque hay un avance, aún es complicado contar con la capacidad estadística para determinar cuáles son las tendencias de feminicidios en el país.
Eduardo Flores, miembro de esta agrupación, destacó que el problema es que antes de 2015 la metodología no incluía esta clasificación de delito, por ello estadísticamente es complicado hacer un comparativo de años anteriores.
Precisó que en Chiapas hicieron un recuento, el cual arrojó que de 2015 a 2018 se redujo el número de estos delitos, de .55 a .37 por ciento.
“En estos días se cumplirá un año de que se utiliza la nueva metodología; los estados no tenían la capacidad para registrar este delito pero los códigos penales han cambiado paulatinamente en los últimos años y ya están permitiendo tener datos más precisos”, agregó Fernández.
No obstante, consideró que falta mucho para entender el comportamiento real del feminicidio, tanto por factores jurídicos como estadísticos.
Comentó que la categorización jurídica todavía tiene muchas fallas que tienen que ver con la decisión de un Ministerio Público, “para poderlo entender, se tiene que comenzar a hacer un trabajo de las profesiones que se dedican al tema para fortalecer el entendimiento del fenómeno, para saber en qué porcentaje los asesinatos de las mujeres tienen que ver con una cuestión de género y cuáles tienen que ver con otro tipo de acciones y así poderlos separar y pasar a la creación de políticas públicas”.
Señaló que el tema de los asesinatos por cuestiones de género son parte de un reto que tiene la sociedad civil y las autoridades para atender el fenómeno con el fin de erradicarlo.
Por el momento, las cifras de asesinadas por cualquier circunstancia están sumadas a las de homicidios dolosos.
