El Congreso del Estado reformó Ley de Adopción del Estado de Chiapas, con la finalidad de consolidar a la familia y resolver las situaciones que causan que un niño se vea alejado de sus padres biológicos, que pierdan la custodia y patria potestad, por abandono y por violencia.
La propuesta impulsada desde el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), prevé que el menor o mayor tenga una familia que lo acoja y acompañe en su desarrollo, fortaleciendo sus capacidades y respetando su dignidad.
La preocupación es porque a principios del año pasado en el estado trabajan 153 mil 363 menores, las grandes ciudades como San Cristóbal de las Casas, Comitán, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, recibe un elevado número de menores, en la capital se observan niñas, niños, adolescentes y jóvenes de diversos grupos lingüísticos, principalmente tzeltales y tsotsiles.
Con la reforma, el adoptado logrará esa adaptación y desarrollo dentro de un seno familiar adoptivo, se creará un vínculo de filiación con deberes y derechos inherentes a la relación de padres e hijos, para que las niñas, los niños, adolescentes, jóvenes y personas incapaces puedan reintegrarse dignamente a una familia.
El procedimiento para la adopción tendrá que ser muy responsable y transparente, un certificado de idoneidad garantizará que él o los solicitantes de adopción han integrado expedientes, deberán cumplir con los requisitos y la documentación necesaria.
Esta será evaluada por las áreas de psicología, medicina, trabajo social del sistema DIF y por la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas y Niños, que permitan que el niño o la niña puedan ser integrado en su núcleo familiar, el proceso para la adopción irá de tres meses a un año.
La ley consta de 36 artículos, cuatro de ellos transitorios y siete capítulos, en la que se recoge el propósito de la Convención Sobre los Derechos del Niño, en la que se señala que todo menor de 18 años debe considerarse como niño y debe garantizársele el derecho a la familia y al bienestar.
La adopción busca garantizar el derecho a una familia de las niñas, niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, por carecer o por haber sido abandonados por su propia familia, lo que les permite contar con un adecuado desarrollo, ya que la convivencia en este ambiente conlleva aprendizaje, socialización, transmisión cultural y establecimiento de lazos afectivos, creando con ello identidad dentro de su núcleo más próximo que es la familia y por ende, en la sociedad, expuso la diputada Tania Guadalupe Martínez Forsland.
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