El pasado martes 20 de marzo sesionó por primera vez en la historia de Chiapas el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, en cumplimiento a lo que establece la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, misma que fue publicada desde febrero 2012.
El director del Centro de Derechos Humanos Ku’untik, Diego Cadenas Gordillo, la primera sesión fue para atender el caso de 249 personas desplazadas del ejido Puebla perteneciente al municipio indígena de San Pedro Chenalhó, y con ello se abre la oportunidad para que el gobierno de Chiapas atienda otros casos de desplazamiento interno que existen.
Tras ocho años de vigencia de la legislación estatal, apenas se dan los primeros pasos para la atención de quienes por violencia han sido desplazados de sus hogares, han perdido casas, tierras, bienes, cosechas y animales de traspatio. Esta sesión se realizó tarde, muchas violaciones a derechos humanos se pudieron evitar si se hubiera aplicado oportunamente y se hubiera prevenido el desplazamiento.
Narró el defensor que el pasado 5 de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado Mexicano la adopción de Medidas Cautelares a favor de los desplazados del ejido Puebla, sin embargo, no fue suficiente por lo que fue necesario que los indígenas se movilizaran para exigir sus derechos.
En el año 2012 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló que más de medio millón de personas fueron desplazadas forzosamente en Chiapas en los últimos 50 años, del 2016 a la fecha se desplazó a más de 5 mil personas, de las cuales aún continúan en esta situación de desplazamiento forzado aproximadamente 2 mil.
Se demanda la desarticulación del grupo armado que desplazó a las 249 personas del ejido Puebla, el responsable del desplazamiento de miles de personas del municipio de Chalchihuitán, continúa hostigando a pobladores de Magdalena Aldama.
De acuerdo con Cadenas Gordillo, la Organización de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos coinciden en que el fenómeno del desplazamiento interno violenta los derechos humanos de las personas desplazadas, y que el Estado Mexicano debe prevenirlo y atenderlo.
Se ha presentado por escrito los casos de personas desplazadas de las comunidades de Shulvó, municipio de Zinacantán, Tenango y Cintalapa, del municipio de Ocosingo, para que sean incluidos sean restituidos en sus derechos humanos.
Los indígenas del ejido Cintalapa municipio de Ocosingo, fueron desplazados el 6 de marzo de 2009, las familias de la localidad Tenango municipio de Ocosingo abandonaron sus lugares de origen el 23 de enero de 2015, las familias Sulvó de Zinacantán el 19 de diciembre de 2015 y los del ejido Puebla en Chenalhó salieron desde el 26 de mayo de 2016.
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