El presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas, sostuvo que las nuevas leyes electorales de Chiapas tienen muy nivel, pero tenemos un gran problema de champan, ahora nos dieron demasiadas competencias y ámbitos de acción para combatir este flagelo de violencia política en razón de género.
Con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley de Medios de Impugnación y Ley General de Participación Ciudadana, se recogen las definiciones existentes en el ámbito federal, se definen con claridad los sujetos responsables de las conductas que agravian derechos de las mujeres, se han garantizado elementos para el desahogo de las denuncias para que no nos atrape la burocracia en el acceso a la justicia a las mujeres.
Durante una conversación con mujeres, magistradas, investigadoras y académicas, dijo que existen conductas que se pueden perseguir por la vía penal, se han establecido instancias competentes para desahogar los asuntos penales por conductas expresamente, lo que hay que hacer es el camino para que sean conocidas por la sociedad y sancionados a los responsables.
Enfatizó que las mujeres no deben cargar con las consecuencias de este champan, las demasiadas competencias, lo que genera carga y molestia a la ciudadanía, tenemos que evitarlo las autoridades y construir un protocolo de actuación para proteger los derechos políticos electorales de las mujeres y sancionar la violencia política de género.
A través de Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres, que preside el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas y del que es secretario el Órgano Público Local Electoral, se irá construyendo el mecanismo de diálogo y propuestas para aterrizar un documento marco de actuación.
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Compartió que la Fiscalía General de Justicia ahora podrá investigar conductas de violencia de género establecidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no solamente la Fiscalía Electoral, se han establecido conductas que pueden ser infractoras de la normatividad, pero no son delitos y si competencias de otras autoridades administrativas.
A su juicio, el Congreso del Estado resolvió cómo se va a desahogar la parte administrativa de la violencia política de género, y puso como ejemplo el caso de Pantelhó tras la denuncia de dos mujeres en contra del ahora ex presidente municipal, Santos López Hernández, que al no ser funcionarias de elección el IEPC no estaba frente a una conducta de competencia y dio vista a la Fiscalía General del Justicia, que solicitó el desafuero al Congreso del Estado.
Hay un recurso que se presentó por esta competencia en la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y que lo deberá conocer en su momento el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH).
