/ lunes 24 de junio de 2019

Demandan actuar contra los extorsionadores

Mientras los tres órdenes de gobierno no brinden certeza jurídica a las inversiones, la economía de la entidad continuará estancada

La Alianza del Autotransporte del Estado y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Chiapas, pidieron ayer a la Fiscalía General del Estado agilizar la investigación sobre la extorsión a la que fue víctima la empresa responsable de reencarpetar el libramiento de la cabecera municipal de Ocozocoautla, a manos de una organización que supuestamente representa un sindicato nacional de trabajadores.

El presidente de la Alianza, Mario Bustamante Grajales, dijo, aunque la maquinaria del contratista fue liberada y las labores están en marcha, el caso -el primero de su tipo en el sexenio- no puede quedar impune porque “esas prácticas alejan la obra pública y la inversión privada y frenan el desarrollo del estado”.

Un grupo de un supuesto Sindicato Nacional de Trabajadores “Emiliano Zapata” secuestró la maquinaria con lujo de violencia. Además, condicionó la liberación del equipo al pago de 80 mil pesos. “Cualquier inversionista que venga y sufra estos chantajes se va. En este caso si la obra pública no la cuidamos entre todos, no vendrá inversión a Chiapas”, advirtió.



Aseveró que mientras los tres órdenes de gobierno no brinden certeza jurídica a las inversiones, la economía de la entidad continuará estancada. Una situación de ese tipo –acotó–, no sólo afecta al empresariado sino también a las personas comunes y corrientes, quienes son las que deben llevar sustento a su hogar todos los días.

“Este proceso no puede quedar a la mitad por estos delincuentes, porque no hay otra forma de llamarlos, asaltan cualquier obra y pueden extorsionar (…) No nos olvidemos cómo pasó en la obra de ‘Chicoasén II’ (…) Si ven que no se hace nada ahí van a venir nuevamente”, previó.

Asimismo, solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal tener las consideraciones pertinentes con los compromisos contraídos por la constructora afectada al firmar el contrato.

El reencarpetamiento de 3.8 kilómetros del libramiento de la cabecera municipal de Ocozocoautla es un proyecto del ramo federal.

La Alianza del Autotransporte del Estado y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Chiapas, pidieron ayer a la Fiscalía General del Estado agilizar la investigación sobre la extorsión a la que fue víctima la empresa responsable de reencarpetar el libramiento de la cabecera municipal de Ocozocoautla, a manos de una organización que supuestamente representa un sindicato nacional de trabajadores.

El presidente de la Alianza, Mario Bustamante Grajales, dijo, aunque la maquinaria del contratista fue liberada y las labores están en marcha, el caso -el primero de su tipo en el sexenio- no puede quedar impune porque “esas prácticas alejan la obra pública y la inversión privada y frenan el desarrollo del estado”.

Un grupo de un supuesto Sindicato Nacional de Trabajadores “Emiliano Zapata” secuestró la maquinaria con lujo de violencia. Además, condicionó la liberación del equipo al pago de 80 mil pesos. “Cualquier inversionista que venga y sufra estos chantajes se va. En este caso si la obra pública no la cuidamos entre todos, no vendrá inversión a Chiapas”, advirtió.



Aseveró que mientras los tres órdenes de gobierno no brinden certeza jurídica a las inversiones, la economía de la entidad continuará estancada. Una situación de ese tipo –acotó–, no sólo afecta al empresariado sino también a las personas comunes y corrientes, quienes son las que deben llevar sustento a su hogar todos los días.

“Este proceso no puede quedar a la mitad por estos delincuentes, porque no hay otra forma de llamarlos, asaltan cualquier obra y pueden extorsionar (…) No nos olvidemos cómo pasó en la obra de ‘Chicoasén II’ (…) Si ven que no se hace nada ahí van a venir nuevamente”, previó.

Asimismo, solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal tener las consideraciones pertinentes con los compromisos contraídos por la constructora afectada al firmar el contrato.

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