/ martes 26 de febrero de 2019

Denuncian despojo de tierras

Algunos de los presuntos delincuentes ya han estado presos y otros a pesar de las órdenes de aprehensión siguen impunes

Un grupo de campesinos víctimas del despojo de sus tierras denunció el lunes a una red de presuntos “ecocidas, extorsionadores” y responsables de múltiples delitos que operan en varios municipios de la Costa chiapaneca que a la fecha ha dejado a decenas de familias, a las que han robado su dinero y lo peor de todo, sus propiedades.

Las mujeres y los hombres, que omitieron sus nombres por razones de seguridad, explicaron que este grupo ha cometido una serie de delitos y a pesar de haber sido denunciado ante la Fiscalía del Estado en aquella zona, los acusados continúan impunes.

“Nosotros necesitamos que las autoridades investiguen a estas personas, son tres parejas que se dedican a la extorsión, al despojo de terrenos, robo de ganado y asalto a migrantes centroamericanos”, dijo uno de los portavoces del grupo que temen más actos violentos en la región.

Señaló que esta red se conforma de tres parejas: Gustavo “N” y América Guadalupe “N”, acusados de ecocidio, despojo y extorsión, mismo que el 10 de marzo de 2014 fueron encarcelados en “El Amate” por el primer delito al haber quemado intencionalmente 50.7 hectáreas, de las cuales 3.83 fueron de selva baja de caducifolia en Arriaga en la zona del Istmo-Costa.



Las otras parejas son la de Jesús “N” y Obdulia “N”, encabezadas por Ricardo “N” y Ana “N”; este último hombre es acusado de los presuntos delitos de violación sexual en agravio de una joven de la comunidad, además de robo de autos y asalto de migrantes quienes los despojaron del predio Agustín de Iturbide conocido como “El Fonsan” de más de 89 hectáreas en el tramo carretero Arriaga-Tonalá, a la altura del desvío de las colonias Durango e Ignacio Ramírez.

Sin embargo, a pesar de que a estas personas les han girado órdenes de aprehensión por diversos ilícitos, inexplicablemente operan no sólo en Arriaga, Tonalá, Huixtla o Cacahoatán, sino en toda la Costa.

Los campesinos reclaman el predio de 89 hectáreas, el cual pertenece a un conjunto de 27 familias, que les arrebataron con engaños y sobre todo amenazas y extorsión por Pedro “N”, quien habría fraccionado las tierras y posteriormente con argucias se las vendió a su yerno Gabriel “N” en 870 mil pesos de manera ilegal.

Estos lotes han sido vendidos y revendidos a otras personas que guiadas por la necesidad de un pedazo de tierra para vivir con sus familias, han sido víctimas de estos delincuentes, que exigen cantidades de 500 a 10 mil pesos y hasta la fecha son más de 200 los extorsionados.



Los afectados han acudido en innumerables ocasiones a las autoridades de la Fiscalía General de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como a las autoridades municipales sin haber tenido una respuesta favorable.

Por esta razón temen actos de represalia y solicitan que el gobierno atienda de inmediato sus denuncias, que investigue a todas estas personas cuyos antecedentes delictivos son motivo de encarcelamientos y se resuelva su añeja demanda de reintegrarles sus propiedades que legítimamente les pertenecen a sus familias y es el patrimonio de sus hijos y nietos.

“Queremos que el gobernador y el fiscal se toquen el corazón y nos ayuden para recuperar nuestras tierras y encarcelen a todas estas parejas, hacen mucho daño a nuestro pueblo y a nuestros municipios”, concluyó el vocero que estuvo en compañía de los demás afectados en esta ciudad.

Un grupo de campesinos víctimas del despojo de sus tierras denunció el lunes a una red de presuntos “ecocidas, extorsionadores” y responsables de múltiples delitos que operan en varios municipios de la Costa chiapaneca que a la fecha ha dejado a decenas de familias, a las que han robado su dinero y lo peor de todo, sus propiedades.

Las mujeres y los hombres, que omitieron sus nombres por razones de seguridad, explicaron que este grupo ha cometido una serie de delitos y a pesar de haber sido denunciado ante la Fiscalía del Estado en aquella zona, los acusados continúan impunes.

“Nosotros necesitamos que las autoridades investiguen a estas personas, son tres parejas que se dedican a la extorsión, al despojo de terrenos, robo de ganado y asalto a migrantes centroamericanos”, dijo uno de los portavoces del grupo que temen más actos violentos en la región.

Señaló que esta red se conforma de tres parejas: Gustavo “N” y América Guadalupe “N”, acusados de ecocidio, despojo y extorsión, mismo que el 10 de marzo de 2014 fueron encarcelados en “El Amate” por el primer delito al haber quemado intencionalmente 50.7 hectáreas, de las cuales 3.83 fueron de selva baja de caducifolia en Arriaga en la zona del Istmo-Costa.



Las otras parejas son la de Jesús “N” y Obdulia “N”, encabezadas por Ricardo “N” y Ana “N”; este último hombre es acusado de los presuntos delitos de violación sexual en agravio de una joven de la comunidad, además de robo de autos y asalto de migrantes quienes los despojaron del predio Agustín de Iturbide conocido como “El Fonsan” de más de 89 hectáreas en el tramo carretero Arriaga-Tonalá, a la altura del desvío de las colonias Durango e Ignacio Ramírez.

Sin embargo, a pesar de que a estas personas les han girado órdenes de aprehensión por diversos ilícitos, inexplicablemente operan no sólo en Arriaga, Tonalá, Huixtla o Cacahoatán, sino en toda la Costa.

Los campesinos reclaman el predio de 89 hectáreas, el cual pertenece a un conjunto de 27 familias, que les arrebataron con engaños y sobre todo amenazas y extorsión por Pedro “N”, quien habría fraccionado las tierras y posteriormente con argucias se las vendió a su yerno Gabriel “N” en 870 mil pesos de manera ilegal.

Estos lotes han sido vendidos y revendidos a otras personas que guiadas por la necesidad de un pedazo de tierra para vivir con sus familias, han sido víctimas de estos delincuentes, que exigen cantidades de 500 a 10 mil pesos y hasta la fecha son más de 200 los extorsionados.



Los afectados han acudido en innumerables ocasiones a las autoridades de la Fiscalía General de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como a las autoridades municipales sin haber tenido una respuesta favorable.

Por esta razón temen actos de represalia y solicitan que el gobierno atienda de inmediato sus denuncias, que investigue a todas estas personas cuyos antecedentes delictivos son motivo de encarcelamientos y se resuelva su añeja demanda de reintegrarles sus propiedades que legítimamente les pertenecen a sus familias y es el patrimonio de sus hijos y nietos.

“Queremos que el gobernador y el fiscal se toquen el corazón y nos ayuden para recuperar nuestras tierras y encarcelen a todas estas parejas, hacen mucho daño a nuestro pueblo y a nuestros municipios”, concluyó el vocero que estuvo en compañía de los demás afectados en esta ciudad.

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