A los pueblos originarios de Chiapas se les niega el acceso a la justicia en la Fiscalía General del Estado y en el Tribunal Superior de Justicia del Estado debido a la falta de traductores de lenguas maternas en las instituciones públicas de procuración y administración de justicia. En muchos casos, quienes acuden a presentar sus demandas no son recibidos ni se les recepcionan sus escritos. Además, los abogados de los indígenas a menudo terminan actuando como traductores, según explicó el abogado Juan Ruiz Gómez, representante del Colegio de Abogados Indígenas de Chiapas.
En una entrevista en Tuxtla Gutiérrez, Ruiz Gómez detalló que, aunque existen 12 grupos indígenas reconocidos en la Constitución Política del Estado de Chiapas, con una población aproximada de un millón 500 mil personas, solo los tseltales y tsostiles cuentan con traductores en algunas oficinas, aunque no en todas. Esto complica la recepción de denuncias, la investigación, la diligencia y la resolución en los tribunales.
El abogado también señaló que en la Fiscalía Indígena de San Cristóbal de las Casas hay más funcionarios no indígenas que indígenas, a pesar de que hay excelentes abogados indígenas. La falta de traductores es un problema significativo. "Como abogados necesitamos traductores, y hacemos un llamado a los tres poderes del estado para que creen la figura del traductor o intérprete de lenguas maternas en las fiscalías, en los juzgados y en los penales del estado", subrayó.
Chiapas es un estado multicultural y multilingüe. Además de los tsostiles y tseltales, hay grupos como los zoques, choles, tojolabales, cachiqueles, mochos, mames, chujes, jacaltecos, canjobales y lacandones mayas. Por lo tanto, no debe haber exclusión en las instituciones públicas de procuración y administración de justicia ni en las penitenciarías. Es recurrente la negación de derechos, la omisión y la falta de acceso a la justicia para estos pueblos, insistió Ruiz Gómez.
El abogado indígena añadió que los intérpretes o traductores también deberían estar presentes en la Fiscalía General de la República y en el Poder Judicial de la Federación, debidamente capacitados. Aunque sería ideal que fueran abogados, al menos deben tener conocimientos en derecho. La falta de este tipo de personal a veces resulta en que no se haga justicia para los indígenas.
Ruiz Gómez también mencionó que muchas personas viajan desde municipios lejanos para acudir a las instituciones públicas de procuración y administración de justicia, enfrentando costos elevados en transporte, alimentos y, a veces, hospedaje. En algunos casos, los juicios entre indígenas y no indígenas se ventilan de manera desigual, favoreciendo al no indígena, quien a menudo tiene más recursos, lo que resulta en una desventaja significativa para el indígena debido a la falta de dinero, no hablar la lengua materna y la ausencia de traductores.
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