Tuxtla Gutiérrez.- Manuel Gómez Velasco, representante de los desplazados de Santa Martha en el municipio de Chenalhó, denunció la falta de solución al problema de desplazamiento forzado ocurrido el 29 de septiembre de 2022. Lamentablemente, sigue sin resolverse la desaparición de cinco campesinos indígenas, y las peticiones de investigación de los homicidios y desarme de grupos civiles armados no han sido atendidas.
En una conferencia de prensa en la entrada principal de Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, Gómez Velasco enfatizó la ausencia de investigaciones, búsqueda de personas y desmantelamiento de los grupos agresores. La exigencia de justicia proviene de 68 familias, un total de 272 personas, que ahora se refugian en un campamento en Chenalhó.
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"No hemos tenido respuesta de la intervención que solicitamos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos", declaró Gómez Velasco. Mencionó que las condiciones en el campamento son precarias, con niños y mujeres enfermas debido a las bajas temperaturas. Además, la entrega de alimentos es insuficiente, con restricciones en la distribución de maíz.
El representante de los desplazados destacó que reciben amenazas casi a diario en el campamento. A pesar de los ataques anteriores y la difícil situación, expresó que el gobierno no les brinda la atención necesaria. Gómez Velasco también señaló la falta de reparación de daños y la complicidad del ayuntamiento de Chenalhó con los grupos armados.
"No hay reparación de daños, no ha habido respuestas", afirmó. Agregó que algunas personas han regresado con temor a trabajar en sus parcelas, pero la situación sigue siendo crítica. Además, denunció el incumplimiento en el pago de la renta ofrecida para el exilio, ya que llevan siete meses sin recibir el pago correspondiente.
Gómez Velasco concluyó expresando la voluntad de algunas personas de regresar a sus hogares y campos agrícolas, asumiendo que cualquier consecuencia recaerá en los gobiernos responsables. En medio de las condiciones difíciles, hizo un llamado a la acción gubernamental y destacó la responsabilidad del estado en garantizar la seguridad y el bienestar de los desplazados.
