Desplazados indígenas esperan soluciones justas en Chiapas

Tuxtla Gutiérrez.- Una vez que la Organización Internacional de Observación del Desplazamiento Forzado Interno, con sede en Ginebra Suiza, asume el caso de las indígenas víctimas de desplazamiento forado en Chiapas, se espera que el Estado Mexicano asuma su responsabilidad y genere las soluciones justas, expuso Diego Cadenas Gordillo, director del Centro de Derechos Humanos Ku’untik.

El pasado 24 de julio visitaron a los desplazados Alexandra Bilak, directora del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC), parte del Consejo Noruego de Refugiados; Andrés Ramírez Silva, Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y Rocío González Higuera, Jefa de la Unidad de Política Migratoria del Gobierno federal.

Cadenas Gordillo reveló que los expertos internacionales visitaron el campamento de desplazadas de ejido Puebla municipio de Chenalhó, dialogaron con las familias, constataron la situación de las mujeres, los niños, la violación sistemática de derechos humanos, los riesgos permanentes en que se encuentran y la falta de condiciones para regresar a sus hogares.

Dijo que el compromiso de Alexandra Bilak con los desplazados es elaborar una recomendación al gobierno de México y de Chiapas, para generar la atención, las víctimas no piden más ni menos de lo que la ley les asiste, con el desplazamiento forzado dejaron casas, parcelas, cosechas, bienes muebles y lo elemental, han perdido la paz, la seguridad y la estabilidad.

Las familias víctimas han pedido se garantice la seguridad y para ello, el Estado mexicano necesita desarticular e los grupos armados responsables de los desplazamientos, que ha enraizado de impunidad y que pone en peligro a la región y al municipio de Chenalhó en particular.

El abogado de los indígenas recordó que los desplazados del ejido Cintalapa del municipio de Ocosingo salieron de sus hogares el 6 de marzo del 2009; las familias de Tenango en Ocosingo abandonaron sus viviendas el 23 de enero del 2015; del paraje Sulvó en Zinacantán salieron el 19 de diciembre del 2015; de Chigtón municipio de Ixtapa salieron el 30 de agosto del 2012 y del ejido Puebla en Chenalhó salieron el 2016.

Aseguró que el Estado mexicano está obligado a restablecer las medidas necesarias, idóneas y suficientes para garantizar la vida de las familias, la integridad de sus personas y el retorno de los desplazados en condiciones dignas, si esto no ocurre, sigue la violación de los derechos humanos y la negación de las condiciones dignas.