Uno de los grandes y a la vez muy graves problemas de Chiapas es el desplazamiento interno, personas se han visto forzadas y obligadas a escapar o huir de su hogar para evitar los efectos de un conflicto, y que tuvo sus inicios en la década de los 60 y 70 con las expulsiones de indígenas no católicos de diversas comunidades de los altos, principalmente de Chamula, se intensificó a partir de 1994, y ha estado presente en los siguientes años hasta nuestros días.
La Visitadora General Especializada en Atención de Asuntos Indígenas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Martha Laura Sánchez Flores, explica en la Relatoría Sobre el Desplazamiento Interno en Chiapas, que la protección de los derechos humanos de los desplazados internos debe fortalecerse, la vida, la dignidad y la seguridad de éstos grupos corren peligro y sus condiciones de vida son precarias.
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Narra que este fenómeno tiene particularidades cómo la composición y característica indígena, campesina y sus condiciones de marginación, la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 1 de enero de 1994 y sus consecuencias a la fecha, la tenencia de la tierra, conflictos post electorales, interétnicos, religiosos, entre otros, las víctimas poco a poco van perdiendo su identidad, su cultura, su cosmovisión, falta de integración a mercados laborales y enfrentan problemas para incorporarse al sistema educativo.
Los desplazamientos internos con frecuencia pierden el acceso a sus medios de vida y deben comenzar de nuevo, o adquirir nuevas competencias, el fin del desplazamiento es determinado por el nivel de acceso al que tengan a sus derechos humanos, para ello tienen que haber soluciones duraderas, con el pleno derecho a la asistencia y atención humanitaria, el derecho a la salud, a la integridad personal, a la protección de la familia, a la propiedad, al trabajo, el acceso a la justicia, a la identidad.
Lamentablemente existen grupos en situación de vulnerabilidad acentuada, y ante ello, el Estado Mexicano debe adoptar las medidas y formular políticas públicas para la prevención del desplazamiento interno, la atención, protección y asistencia, así como la implementación de soluciones duraderas que permitan superar la condición de desplazamiento interno.
En ese sentido, el documento demanda para las víctimas, la seguridad e integridad física, las necesidades vitales básicas, las necesidades económicas, sociales y culturales, la protección civil y política.
En Chiapas en mayo de 1993 un total de 116 familias huyeron de sus hogares dé Chalam del Carmen en Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas, el segundo gran desplazamiento fue en 1995, le siguieron en la misma región hasta 1997, y en 1998 se intensificó con el desmantelamiento de los municipios autónomos. En ese lapso se habrían desplazado entre 50 mil y 84 mil personas.
Tras la masacre de diciembre de 1997 en Acteal, miles salieron en condiciones infrahumas, en Chenalhó, mientras que en Chamula lo que se inició en 1974, la expulsión de indígenas no católicos, sigue hasta nuestros días, la disputa territorial entre Aldama y Chenalhó ha generado más desplazamientos, en Amatán las elecciones del 2018 cobraron más desplazamientos de al menos 27 familias, en Tenejapa desde el 2007 un conflicto social se intensificó y desplazó en el 2011 a 13 personas.
Los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó por el diferendo agrario desde 1975, ha habido numerosos desplazamientos, ha llegado a los 5 mil 266, el conflicto no termina, tan solo en Chalchihuitán en el 2018 fueron desplazadas mil 146 personas, en ese mismo año en El Bosque, otras dos mil personas huyeron de sus hogares.
En Chiapa de Corzo, en 1986, el conflicto de tierra género una confrontación en Paso Achiote, en 1990 se agudizó y género un desplazamiento de 42 campesinos con sus familias. En el 2012, en Chigtón municipio de Ixtapa un centenar de personas fueron expulsadas, viven refugiadas en Chiapa de Corzo.
Lo más reciente del desplazamiento en mayo del 2016 por problemas políticos, tras más elecciones del 2015, 45 familias fueron obligadas a salir, viven refugiadas en San Cristóbal de Las Casas, en el ejido Cintalapa en Ocosingo 42 personas fueron expulsadas en el 2008.
En Huixtla en el 2005 desbordamiento de ríos expulsa a unas cien personas, en La Piedad municipio de Las Margaritas en el 2013 un total de 105 personas fueron desplazadas, en el mismo municipio en Las Cruces en 2018 fue expulsada un centenar de personas, en Lázaro Cárdenas Chilil en Huixtán en el 2009 fueron expulsados por problemas religiosos 20 personas y en el 2016 otras 40.
La cruda realidad de Chiapas ocasionó en el 2009 en Los Llanos en San Cristóbal de Las Casas la expulsión de 30 personas por intolerancia religiosa, mientras que en Mitzitón en el mismo municipio en el 2016 unas 94 familias por el mismo problema, en Naranja Seca en Cintalapa en el 2017 abandonaron sus hogares 10 personas, en Nuevo Andrés en Cintalapa en 2015, 44 personas salieron de sus casas.
De acuerdo con el documento de la CEDH, del 2005 al 2018 en Oxchuc se han desplazado 126 personas, aunque el conflicto político aún no termina, en Pasté en Zinacantán en el 2012 por problemas políticos familias salieron de sus casas, para el 2019 en Pavencul en Tapachula unas 60 personas salieron de sus hogares, en Peña de María en San Cristóbal de Las Casas en el 2018 una familia es expulsada.
En Primero de Agosto en Las Margaritas en el 2015, 56 personas huyeron de sus hogares, en El Potrero en Nicolás Ruiz en el 2018 al menos 86 personas son expulsadas, en Jerusalén en Teopisca en en el 2017 son expulsadas 8 personas, en San Antonio del Monte en San Cristóbal de Las Casas en el 2014 mil pobladores salieron de sus hogares, para el 2016 en San Fernando en Huixtán siete personas dejan su lugar de origen, en San José Yashtinin en San Cristóbal de Las Casas en el 2012 unas 114 personas dejaron sus casas, en San Miguel Chiptic en Altamirano en 2016 salen 15 personas, en Shulvo en Zinacantán en el 2015 dejan hogares 16 personas, en Tenango en Ocosingo en el 2915 al menos 77 personas salen de sus casas y en Tres Lagunas en Comitán, en el 2017, 33 personas son obligadas a dejar hogares.
Ante este escenario, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos propone reducir y resolver el desplazamiento interno, medidas de prevención, protección y soluciones duraderas, visibilizar el problema de desplazamiento interno.
