/ jueves 22 de agosto de 2019

En breve resuelven situación de autoridades municipales en Chalchihuitán

Está en análisis en diversas comisiones legislativas la situación y de encontrar puntos de coincidencia podría designarse un concejo municipal

El Congreso del estado prevé resolver en esta semana la situación de las autoridades municipales de Chalchihuitán, donde la presidenta municipal Margarita Díaz García y el síndico Hermelindo Núñez, han sido desaforados y vinculados a procesos penales; además siete regidores ratificaron el pasado lunes su solicitud de licencia para separarse del cargo, la cual habían presentado el 18 de julio.

El titular de la Junta de Coordinación Política, Marcelo Toledo Cruz, precisó que no ha sido aceptada la petición de licencia presentada por Agustina Díaz Núñez, Javier Núñez Pérez, Elena Cruz Cruz, Mateo Pérez García, Marcela Pérez Núñez, Manuel Pérez Luna, Gloria Díaz Gómez y Norma Díaz Gómez.

Refirió que en reunión de trabajo con legisladores se les hizo saber que, en las elecciones del 1 de julio del año pasado, adquirieron un gran compromiso por mandato del voto popular, cuyos cargos no son renunciables; y que en tanto no se les defina su entorno jurídico ellos siguen en funciones y deberán responder por sus actos.

Toledo Cruz explicó en entrevista que está en análisis en diversas comisiones legislativas la situación y de encontrar puntos de coincidencia para que se separen del puesto, esta semana podría designarse un concejo municipal para Chalchihuitán.

Descartó presiones de delegados para que dejen el cargo, fueron ellos los que contendieron en el pasado proceso electoral y ganaron el sufragio, si bien la Alcaldesa y el Síndico están acusados por desfalco al erario municipal por parte de la Auditorías Superior del Estado (ASE) ante la Fiscalía General del Estado, son los regidores que deberán decidir si permanecen o no en la comisión.

De acuerdo con el dictamen de la ASE, en dicha localidad se habría cometido un desfalco por 69.5 millones de pesos en tan sólo siete meses, del 1 de enero a julio de este año, aunque tomó el Cabildo en proceso de disolución, el 1 de octubre del 2018.


En reunión con legisladores, al cabildo se le hizo saber que, en las elecciones del 1 de julio del año pasado, adquirieron un gran compromiso por mandato del voto popular, cuyos cargos no son renunciables.

El Congreso del estado prevé resolver en esta semana la situación de las autoridades municipales de Chalchihuitán, donde la presidenta municipal Margarita Díaz García y el síndico Hermelindo Núñez, han sido desaforados y vinculados a procesos penales; además siete regidores ratificaron el pasado lunes su solicitud de licencia para separarse del cargo, la cual habían presentado el 18 de julio.

El titular de la Junta de Coordinación Política, Marcelo Toledo Cruz, precisó que no ha sido aceptada la petición de licencia presentada por Agustina Díaz Núñez, Javier Núñez Pérez, Elena Cruz Cruz, Mateo Pérez García, Marcela Pérez Núñez, Manuel Pérez Luna, Gloria Díaz Gómez y Norma Díaz Gómez.

Refirió que en reunión de trabajo con legisladores se les hizo saber que, en las elecciones del 1 de julio del año pasado, adquirieron un gran compromiso por mandato del voto popular, cuyos cargos no son renunciables; y que en tanto no se les defina su entorno jurídico ellos siguen en funciones y deberán responder por sus actos.

Toledo Cruz explicó en entrevista que está en análisis en diversas comisiones legislativas la situación y de encontrar puntos de coincidencia para que se separen del puesto, esta semana podría designarse un concejo municipal para Chalchihuitán.

Descartó presiones de delegados para que dejen el cargo, fueron ellos los que contendieron en el pasado proceso electoral y ganaron el sufragio, si bien la Alcaldesa y el Síndico están acusados por desfalco al erario municipal por parte de la Auditorías Superior del Estado (ASE) ante la Fiscalía General del Estado, son los regidores que deberán decidir si permanecen o no en la comisión.

De acuerdo con el dictamen de la ASE, en dicha localidad se habría cometido un desfalco por 69.5 millones de pesos en tan sólo siete meses, del 1 de enero a julio de este año, aunque tomó el Cabildo en proceso de disolución, el 1 de octubre del 2018.


En reunión con legisladores, al cabildo se le hizo saber que, en las elecciones del 1 de julio del año pasado, adquirieron un gran compromiso por mandato del voto popular, cuyos cargos no son renunciables.

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