/ jueves 25 de marzo de 2021

En Chiapas, candidatos y candidatas buscan violar ley electoral

El viernes 26 de marzo vence el plazo para el registro de candidatos para elecciones del 6 de junio, según legislación


En el municipio de Cacahoatán Danitza Sayuri González Tovar, aspira a ser candidata a síndica para los comicios venideros, esto no tendría nada de extraño, excepto porque la síndica actual es su madre Rosa Silvia Tovar Coyoy, y presenta ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Juicio para la Protección de los Derechos Políticos del Ciudadano en el expediente TEECH/JDC/115/2021.

La fracción VI del artículo 39 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, establece como requisito que para ser miembro de un Ayuntamiento se requiere no ser cónyuge, concubino, concubina, hermana o hermano, madre, padre, hija, hijo, o tener parentesco consanguíneo alguno hasta el cuarto grado, así como tampoco tener parentesco por afinidad hasta el segundo grado, con el presidente municipal o síndico en funciones.



Este precepto de inelegibilidad no le importa a la aspirante a síndica, Danitza Sayuri González Tovar quien considera que "este precepto legal que es evidentemente inconstitucional, pues vulnera mi derecho al voto pasivo" previsto en el artículo 35, fracción II de nuestra Carta Magna, así como en el artículo 23, párrafo 1, inciso b, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos.

El periodo para el registro de candidaturas para miembros de ayuntamientos se realiza desde el 21 de marzo y concluirá el próximo viernes 26, y en ese sentido precisa que las garantías para su protección no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece.

Mientras tanto, el presidente municipal con licencia de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez, tiene aspiraciones de reelegirse en el cargo en las elecciones del primer domingo de junio para el periodo del 1 de octubre del 2021 al último día de septiembre del 2024, sin embargo no desea cumplir con el artículo 17 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana que obliga a la rendición de cuentas y a la liberación de la cuenta pública 2019 y 2020 por parte de la Auditoría Superior del Estado, y solicita la protección del órgano jurisdiccional.



En esa misma situación se encuentran Ariel Vázquez Díaz, presidente municipal de El Porvenir; Juan Manuel Utrilla Constantino, presidente municipal de Yajalón; Limber Gregrio Gutiérrez Gómez, de Tila; Rosa Irene Urbina Casteñada, presidenta municipal sustituta de Tapachula, candidatos y candidatas a quienes, si bien les fue concedida la licencia por el Congreso del Estado, ese poder legislativo liberaría también la cuenta pública 2019-2020 hasta el 31 de octubre de este año, misma que es necesario presentar para el registro de su candidatura para su reelección, sin embargo las y los ediles dicen que esto no les debe impedir participar.

En el caso de Yajalón, el mismo munícipe advierte que existen auditorías pendientes de solventar del 2018, 2019 y 2020, que serían liberadas a partir del periodo en que deberían asumir el cargo quienes serían electos el 6 de junio próximo.

En el municipio de La Grandeza, Albores Rodríguez Vázquez, desea contender en las próximas elecciones pero es esposo de la síndica con licencia, Micaela González Bravo y expone que tiene parentesco que lo une con el presidente municipal mientras que en Sabanilla, José Darwin González Cabello, desea competir, a pesar de que es hermano del actual presidente municipal Carlos Cleber González Cabello.

Finalmente en Pantepec, Karla Samalay López Hernández, pretende competir pero es hija del síndico municipal Cornelio López Juárez, lo que la haría inelegible de acuerdo con el 39 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal.


Rosy Urbina presidenta municipal sustituta de Tapachula actualmente con licencia. / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas



En el municipio de Cacahoatán Danitza Sayuri González Tovar, aspira a ser candidata a síndica para los comicios venideros, esto no tendría nada de extraño, excepto porque la síndica actual es su madre Rosa Silvia Tovar Coyoy, y presenta ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Juicio para la Protección de los Derechos Políticos del Ciudadano en el expediente TEECH/JDC/115/2021.

La fracción VI del artículo 39 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, establece como requisito que para ser miembro de un Ayuntamiento se requiere no ser cónyuge, concubino, concubina, hermana o hermano, madre, padre, hija, hijo, o tener parentesco consanguíneo alguno hasta el cuarto grado, así como tampoco tener parentesco por afinidad hasta el segundo grado, con el presidente municipal o síndico en funciones.



Este precepto de inelegibilidad no le importa a la aspirante a síndica, Danitza Sayuri González Tovar quien considera que "este precepto legal que es evidentemente inconstitucional, pues vulnera mi derecho al voto pasivo" previsto en el artículo 35, fracción II de nuestra Carta Magna, así como en el artículo 23, párrafo 1, inciso b, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos.

El periodo para el registro de candidaturas para miembros de ayuntamientos se realiza desde el 21 de marzo y concluirá el próximo viernes 26, y en ese sentido precisa que las garantías para su protección no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece.

Mientras tanto, el presidente municipal con licencia de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez, tiene aspiraciones de reelegirse en el cargo en las elecciones del primer domingo de junio para el periodo del 1 de octubre del 2021 al último día de septiembre del 2024, sin embargo no desea cumplir con el artículo 17 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana que obliga a la rendición de cuentas y a la liberación de la cuenta pública 2019 y 2020 por parte de la Auditoría Superior del Estado, y solicita la protección del órgano jurisdiccional.



En esa misma situación se encuentran Ariel Vázquez Díaz, presidente municipal de El Porvenir; Juan Manuel Utrilla Constantino, presidente municipal de Yajalón; Limber Gregrio Gutiérrez Gómez, de Tila; Rosa Irene Urbina Casteñada, presidenta municipal sustituta de Tapachula, candidatos y candidatas a quienes, si bien les fue concedida la licencia por el Congreso del Estado, ese poder legislativo liberaría también la cuenta pública 2019-2020 hasta el 31 de octubre de este año, misma que es necesario presentar para el registro de su candidatura para su reelección, sin embargo las y los ediles dicen que esto no les debe impedir participar.

En el caso de Yajalón, el mismo munícipe advierte que existen auditorías pendientes de solventar del 2018, 2019 y 2020, que serían liberadas a partir del periodo en que deberían asumir el cargo quienes serían electos el 6 de junio próximo.

En el municipio de La Grandeza, Albores Rodríguez Vázquez, desea contender en las próximas elecciones pero es esposo de la síndica con licencia, Micaela González Bravo y expone que tiene parentesco que lo une con el presidente municipal mientras que en Sabanilla, José Darwin González Cabello, desea competir, a pesar de que es hermano del actual presidente municipal Carlos Cleber González Cabello.

Finalmente en Pantepec, Karla Samalay López Hernández, pretende competir pero es hija del síndico municipal Cornelio López Juárez, lo que la haría inelegible de acuerdo con el 39 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal.


Rosy Urbina presidenta municipal sustituta de Tapachula actualmente con licencia. / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas


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