En las metas planteadas en los objetivos del Desarrollo Sustentable para el año 2030 está establecido que es obligación del gobierno y de sus instituciones de salud la compra de medicamentos, su distribución y entrega oportuna contribuyendo de manera significativa en lograr la supresión viral en los pacientes con VIH y Sida, es decir la indetectabilidad, sin embargo, nuevamente incumplen con esta situación, poniendo en riesgo la vida de estas personas.
Colectivos defensores de derechos humanos y pacientes con VIH y Sida, señalaron que el mes de noviembre del 2020, varios derechohabientes con VIH del IMSS, de manera arbitraría fueron víctimas del desabasto antirretroviral, por lo que en conjunto con organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, presentaron juicios de amparo que a solicitud de las personas promoventes, fueron atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación obteniéndose una sentencia favorable en el amparo en revisión 227/2020, en la cual se reconoce que “la suspensión de tales tratamientos es un acto violatorio de Derechos Humanos”.
Sin embargo, nuevamente se repite la historia sobre el riesgo de perder la estabilidad en la salud de miles de personas con VIH o sida dependientes del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), debido a la fallida y mal planeada política de austeridad con la que actúa el Gobierno Federal.
Aclararon que no están en contra de las políticas anti corrupción pero estas acciones políticas, sin justificación técnica, han provocado daños al acceso a la salud, pues la poca operatividad y eficiencia en los procesos de licitación, compra y distribución de medicamentos que afectan a todas las instituciones de salud pública de todo el país, se ven reflejados, no sólo en problemas de desabastos, sino también en entregas tardías de tratamientos y atrasos en los estudios de laboratorio.
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Indicaron que la modificación del mecanismo de compras de insumos de salud, incluidos medicamentos, trajo consigo la centralización de la compra consolidada de antirretrovirales por parte del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).
A razón de esto, el 31 de julio de 2020, se firmó el convenio entre INSABI y UNOPS, mencionando que la modificación a la política de compra nacional por una internacional, traería beneficios y eficiencia en su entrega oportuna evitando así desabastos, sin embargo, hasta la fecha no se han observado dichos beneficios en materia de salud y reducción de costos.
Vemos con suma preocupación que dicha compra no se esté llevando a cabo conforme a lo establecido
Colectivos defensores de derechos humanos y pacientes con VIH y Sida
"Vemos con suma preocupación que dicha compra no se esté llevando a cabo conforme a lo establecido y que tiene como resultado la actuación limitada de las entidades federativas y aún más, la afectación directa en las personas con VIH o sida", abundaron.
Externaron su preocupación por la falta de transparencia con la que opera en este sentido el Gobierno Federal y la falta de voluntad de las Instituciones para hacer pública la información que tienen obligación de dar sobre estos procesos de compra y distribución de medicamentos.
Otro tema de suma importancia y que no se está atendiendo es la relación Covid-19 y VIH, no hay información prioritaria sobre los cuidados que las personas con VIH o sida deben asumir en la coinfección por Covid-19.
Finalmente mencionaron que ante el actual contexto de incertidumbre que genera la pandemia por Covid-19 y los inexplicables cambios gubernamentales, tienen que levantar la voz para demandar que no se olvide que la pandemia de VIH debe ser atendida con la misma urgencia y efectividad que todas las demás necesidades de salud involucrando a los actores civiles y sociales con gran experiencia.
