.jpg "guardia nacional en detencion de migrantes 2 (1).jpg")
.jpg "nueva caravana migrante sale de tapachula 1 (1).jpg")
La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) hace un llamado al Estado Mexicano a garantizar los derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional y promover políticas para su inclusión e integración en México.
El tema migratorio y de protección internacional son dos de los principales temas de la agenda global de derechos humanos y en los últimos años ha cobrado mayor fuerza en los países de la América Latina y El Caribe, en donde México no ha sido la excepción.
Te puede interesar: Inician operativos sorpresa en contra de migrantes en hoteles
Tan solo la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) estima que al término del año espera recibir 100 mil solicitudes de asilo, lo que significa una cifra histórica y la Unidad de Política Migratoria ha registrado hasta julio de 2021 un total de 117 mil 052 eventos de detención migratoria, lo que representa un 42 por ciento más que el total de detenciones realizadas durante 2020.
Por otro lado, Estados Unidos ha continuado con su política de expulsión de personas migrantes no sólo mexicanas sino de otras nacionalidades a nuestro territorio, bajo el argumento de mantener las medidas sanitarias ante la pandemia de Covid-19 (conocida como Título 42).
Ello sumado a la posibilidad de reactivarse el programa “Quédate en México” obligando a miles de solicitantes de asilo a esperar la resolución de sus casos en la frontera norte mexicana, exponen los Organismos Públicos de Derechos Humanos.
Este contexto es tan solo una muestra de las situaciones que abonan a la crisis que se está viviendo en el país y que ha obligado a cientos de personas, como hemos visto en los últimos días a movilizarse hacia otras ciudades del país, para buscar soluciones a su situación jurídica, económica y social, en la que se ha observado una vulneración de sus derechos.
Ante los acontecimientos recientes en torno a personas en contextos de movilidad que se encuentran en la frontera sur, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos externó su preocupación por el excesivo uso de la fuerza por parte de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración.
Las agresiones hacia defensores y periodistas que están monitoreando y acompañando a la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos; y la dilación en los procedimientos de solicitud de asilo y regularización migratoria orillan a las personas a vivir en condiciones precarias provocando la segregación económica y social, narran.
Exigen a los gobiernos federales, gobiernos locales y demás autoridades relacionadas en el tema, a considerar que vivimos una de las crisis humanitarias más graves a nivel mundial, la cual se ha agudizado por la pandemia por el nuevo virus Covid-19.
La agenda de migración y protección internacional requieren que los Estados prioricen en sus políticas de Estado los principios de solidaridad y de cooperación internacional para humanizar la gobernanza de la movilidad internacional, añaden.
Asimismo, plantean retomar los principios de la Resolución 4/19 aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de Todas las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de la Trata de Personas, que particularmente destaca que los movimientos migratorios requieren formas de protección diferenciada e individualizada.
Puedes leer: Familia hondureña que iba en la caravana piden ser deportados a su país
Demandan considerar aquellas experiencias locales identificadas como buenas prácticas como ejemplos para la atención, así como línea base para abonar a la construcción de propuestas integrales con enfoque de derechos y de forma intersectorial e intersecretarial.
También establecer mecanismos de coordinación entre la federación, los estados y los municipios para garantizar condiciones dignas en los albergues y lugares habilitados para la estancia de personas en contextos de movilidad, atendiendo a las diversas condicionantes que agravan su situación de vulnerabilidad.
Garantizar el acceso a oportunidades laborales, a la salud y educación de quienes se vean en la necesidad de tener una estancia prolongada en nuestro país, generar mesas de trabajo para la construcción interdisciplinaria de políticas públicas que den atención de fondo a la crisis migratoria que actualmente se vive, insisten.
Reiteran su compromiso con la protección y garantía de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional, así como para el trabajo conjunto y contribuir al análisis y construcción de políticas públicas integrales dirigidas a garantizar los derechos de estos grupos de población y promover su inclusión e integración en México y la región.
