Familiares, amigos, colectivos y vecinos de Adolfo "N" detenido el 15 de julio del 2020 y fallecido el 27 del mismo mes y año, exigen justicia, responsabilizan a quien fungía cómo director y alcaide del penal 5 de San Cristóbal de las Casas, por omisión de su responsabilidad en la protección de las personas que estaban bajo su custodia, así lo explica Patricia Arasis Santos, el representante del Colectivo Cereza y asesora jurídica.
Explicó en conferencia de prensa que el argumento de las autoridades en un primer momento es que Adolfo "N" se había suicidado, aunque en realidad lo asesinaron, en cualquiera de los casos es responsabilidad del que se desempeñaba como director y alcaide por no proteger a las personas que estaban bajo su custodia.
Sin embargo, Santos afirma que el Colectivo Cereza tiene un peritaje en criminalística de campo que indica que a Adolfo "N" lo mataron, dentro de la prisión, además, su esposa Josefa "N" fue testigo del maltrato en contra de Adolfo "N" en el interior de la prisión, "lo vio, eran los tiempos del Covid 19, le abrían la celda en la madrugada para golpearlo".
"Lo golpeaban para meterlo de cabeza en el caño de las aguas fecales para preguntarle dónde estaba el niño Dylan, la Fiscalía General del Estado ya sabía que la familia era inocente pero los que no lo sabían eran la Secretaría de Seguridad, el director del penal, que seguramente quería colgarse una medalla averiguando donde estaba el niño Dylan, en ese momento secuestrado, sustraído del mercado de San Cristóbal de las Casas".
Añadió que a Adolfo se hacían amagos de ahorcamiento, cuando fue la audiencia de vinculación a profeso Josefa su esposa, vio, así se comprueba en la audiencia, que tenía dos cubrebocas uno en la nariz y otro en el cuello, "la respuesta fue, querida Josefa me voy a despedir de ti, me están maltratando mucho, me han amenazado con matarme si no se entrega el dinero que me solicitan en el interior del penal".
Tenemos mensajes, testimonios, pruebas, llamadas grabadas de la extorsión, los datos están en la carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado número 353/2020, de la Fiscalía Altos, han intentado que quede con un delito leve, en vez de extorsión, tortura y homicidio, añadió la abogada.
Desde el día de los hechos pasaron siete meses sin informar a la familia del caso, por ello asumimos la responsabilidad de la defensa, nos han negado información, pruebas, documentos entregados y sin haberse incorporarse a la carpeta de investigación, añadió.
Se ha reabierto la investigación por homicidio, mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia, pretende enjuiciar a los servidores públicos responsables del penal de ejercicio ilegal del servicio público, en vez de homicidio, omisión y otros delitos, esperamos que haya coherencia y justicia para la víctima y su familia, abundó la abogada Santos.
Lo que sucedió contra la familia es muy grave por parte de dos servidores públicos, 34 personas afectadas por una acusación, y que aún ya están libres, se causó agravios, se les acuso de tráfico de drogas y otros delitos, se exige justicia por ejercicio ilegal del servicio público, pero también por tortura, por omisión, por homicidio, extorsión, y los que resulten, apuntó.
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