/ miércoles 5 de agosto de 2020

Exigen sentencias a inculpados de violencia de género: Angélica Karina

Se ha convertido en una conducta bastante generalizada, sostiene

Mientras no haya un cumplimiento efectivo de las sentencias de los tribunales electorales, el flagelo de la violencia política de género va a continuar, sostuvo la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), Angélica Karina Ballinas Alfaro.

Tristemente a las agraviadas se les complica en muchos casos regresar a sus municipios, o poder continuar con una actividad pública o política porque se sienten vulneradas y no se sienten con el apoyo real por parte del Estado mexicano.


Lee también: A la alza la violencia de género, mayor reincidencia en San Juan Chamula


A partir de la violencia política de género que sufrieron las presidentas municipales de Oxchuc, María Gloria Sánchez Gómez y de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, tras las elecciones de julio del 2015 en Chiapas, que los obligó a renunciar, reintegrarse al ayuntamiento y luego ser destituidas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) empezó a realizar foros para la visibilización, sensibilización y atención de la violencia.


De esos foros se retomaron cuestiones similares que se consideraron en las reformas electorales federales del 2019 y 2020, sin embargo, el tema no está resuelto, la violencia política de género necesita atenderse de fondo a partir de la ejecución de sentencias.


En Chiapas, tras las elecciones del 1 de julio del 2018, la síndica electa de San Juan Cancuc, Martha López Sántiz, no toma posesión desde el 1 de octubre de este año, la primera sentencia a su favor del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, fue en marzo del 2019, en que se ordenó al presidente municipal, José López López, darle posesión, convocarla a sesiones de cabildo, pagarle su dieta, garantizarle seguridad y protección y evitar agresiones en su contra, sin embargo, no se cumplió.

En abril de ese mismo año, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, falla a su favor, y tampoco se cumple la sentencia, que finalmente la Sala Superior ratificó, pero las autoridades estatales no ejecutaron la sentencia.



Ante este escenario, al que se suma la denuncia de la ex presidenta municipal de Chalchihuitán, Margarita Díaz García, en el sentido de que el Congreso del Estado actuó de manera injusta al desaforarlo el año pasado por presiones de un grupo de caciques conformado por ex presidentes municipales, la magistrada Ballinas Alfaro sostiene que se requiere determinación del Estado mexicano para erradicar la violencia política de género.

En Chiapas el fenómeno de la violencia política en razón de género es una conducta bastante generalizada, tristemente arraigada, justificada y lamentablemente normalizada tanto por hombres como por mujeres, y que se justifica en muchas ocasiones el que lo comete en que era una instrucción.

En el año 2010 Alejandra Soriano Ruiz, ganó un litigio, cuando se le pretendía despojar de una diputación local, luego de que asumió al cargo debido a que la propietaria, Martha Grajales Burguete, ganó las elecciones municipales en la planilla de Tuxtla Gutiérrez y quería volver al Congreso del Estado, lo que un órgano jurisdiccional determinó que era violatorio de la legalidad.

Mientras no haya un cumplimiento efectivo de las sentencias de los tribunales electorales, el flagelo de la violencia política de género va a continuar, sostuvo la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), Angélica Karina Ballinas Alfaro.

Tristemente a las agraviadas se les complica en muchos casos regresar a sus municipios, o poder continuar con una actividad pública o política porque se sienten vulneradas y no se sienten con el apoyo real por parte del Estado mexicano.


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A partir de la violencia política de género que sufrieron las presidentas municipales de Oxchuc, María Gloria Sánchez Gómez y de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, tras las elecciones de julio del 2015 en Chiapas, que los obligó a renunciar, reintegrarse al ayuntamiento y luego ser destituidas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) empezó a realizar foros para la visibilización, sensibilización y atención de la violencia.


De esos foros se retomaron cuestiones similares que se consideraron en las reformas electorales federales del 2019 y 2020, sin embargo, el tema no está resuelto, la violencia política de género necesita atenderse de fondo a partir de la ejecución de sentencias.


En Chiapas, tras las elecciones del 1 de julio del 2018, la síndica electa de San Juan Cancuc, Martha López Sántiz, no toma posesión desde el 1 de octubre de este año, la primera sentencia a su favor del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, fue en marzo del 2019, en que se ordenó al presidente municipal, José López López, darle posesión, convocarla a sesiones de cabildo, pagarle su dieta, garantizarle seguridad y protección y evitar agresiones en su contra, sin embargo, no se cumplió.

En abril de ese mismo año, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, falla a su favor, y tampoco se cumple la sentencia, que finalmente la Sala Superior ratificó, pero las autoridades estatales no ejecutaron la sentencia.



Ante este escenario, al que se suma la denuncia de la ex presidenta municipal de Chalchihuitán, Margarita Díaz García, en el sentido de que el Congreso del Estado actuó de manera injusta al desaforarlo el año pasado por presiones de un grupo de caciques conformado por ex presidentes municipales, la magistrada Ballinas Alfaro sostiene que se requiere determinación del Estado mexicano para erradicar la violencia política de género.

En Chiapas el fenómeno de la violencia política en razón de género es una conducta bastante generalizada, tristemente arraigada, justificada y lamentablemente normalizada tanto por hombres como por mujeres, y que se justifica en muchas ocasiones el que lo comete en que era una instrucción.

En el año 2010 Alejandra Soriano Ruiz, ganó un litigio, cuando se le pretendía despojar de una diputación local, luego de que asumió al cargo debido a que la propietaria, Martha Grajales Burguete, ganó las elecciones municipales en la planilla de Tuxtla Gutiérrez y quería volver al Congreso del Estado, lo que un órgano jurisdiccional determinó que era violatorio de la legalidad.

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