Tuxtla Gutiérrez.- La extinción de dominio aprobada en el Congreso de la Unión no es un acto de avasallamiento, sino de justicia, para facultad al Estado mexicano la capacidad de recuperar a particulares bienes creados al amparo de la corrupción, en la Cámara de Diputados como en el Senado hay resistencias, son embargo, ya se empieza a generar resultados como el caso de Rosario Robles Berlanga, vinculación a proceso por presuntos malos manejos de los recursos públicos, expuso el diputado federal de Morena, Enrique Farrera.
De acuerdo con el diputado federal de Chiapas, casos como el de Robles Berlanga deben haber varios, por lo tanto, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, la transparencia y rendición de cuentas, la federación debe ir a fondo, desde el Congreso de la Unión existe el respaldo al presidente López Obrador para transparentar el destino de los presupuestos.
Enrique Farrera consideró que también en los estados debe irse a fondo y en el caso de Chiapas, por lo menos los últimos dos sexenios encabezados por Juan José Sabines Guerrero, del PRD, del 2006 al 2012 y Manuel Velasco Coello, del PVEM, del 2012 al 2018, dónde ha sido evidente el mal manejo de los recursos públicos.
Sostuvo que la Ley Nacional de Extinción de Dominio tiene el propósito de facultar al Estado mexicano a cesar la propiedad que ostenta una persona ya sea física o moral, sobre cualquier bien obtenido mediante acciones ilícitas, la transformación tiene que ir a fondo, y hacer frente a una serie de conductas al margen de la ley como la corrupción, lavado de dinero, narcotráfico y en ese sentido, se podría quitar una propiedad usada para actividades al margen de la ley.
Significa, insistió Enrique Farrera, castigar a los responsables y obligar a retribuir a la sociedad y a la nación a aquellas personas que han abusado del uso de recursos públicos, para que la extinción de dominio sea un instrumento efectivo debemos cuidar que no sea usada para abusar del poder o como un medio para fomentar la arbitrariedad, se trata de garantizar la justicia y combatir la maldad que afecta a los mexicanos.
Sostuvo que hay resistencias en contra de la cuarta transformación y de la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción, cómo de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, sobre todo de aquellos que se han cambiado de partidos políticos porque creen que les puede alcanzar el brazo de la justicia.
Puntualizó que los Congresos locales tendrán que hacer su parte para que sea una realidad la extinción de dominio, cómo transparentar la renta de edificios públicos, las compras o adquisiciones, porque históricamente se han hecho negocios en beneficio de unos cuantos y debe esclarecerse.