/ sábado 6 de abril de 2019

Faltan predios y organizaciones por desalojar en Chiapas: Diputado

No es válido tomar propiedades con el argumento de una lucha social o como bandera, asevera

Tuxtla Gutiérrez.- El desalojo de predios en diversos municipios del estado es una determinación que debía el gobierno del estado a la sociedad, sin embargo, falta desocupar más propiedades y organizaciones campesinas, no hay que tener miedo al orden, ni al Estado de derecho, afirmó el secretario de la mesa directiva del Congreso del Estado, Mario Sántiz Gómez.

De acuerdo con el legislador local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), no puede haber privilegios, así como ha salido una organización, hay que ir por las otras, nadie puede seguir en manos de una propiedad que no es suya, como tampoco es válido tomar propiedades con el argumento de una lucha social o como bandera.

Insistió el legislador local de Chamula, que hay familias que realmente necesitan un terreno para vivir, pero es la minoría, la mayoría no lo requiere, muchos predios que han sido ocupados de manera ilegal no se dedican a la actividad agropecuaria, familias tienen domicilios en colonias de la capital y han ocupado otros en diversos municipios, eso no es justo.

Sántiz Gómez indicó en entrevista que la oferta del gobierno del estado de otorgar apoyos a través de programas sociales a las familias que han sido desalojadas es buena determinación, pero habría que priorizar a los que realmente no tienen donde vivir para mejorar sus condiciones.

En ese sentido, las organizaciones sociales deben entender que nadie debe estar por encima de la ley, ni nadie al margen de esta, la lucha social no es un derecho a tomar propiedades por la fuerza, “todo mundo aplaude la determinación del gobierno del estado, no avalamos el abuso de autoridad o de poder, aquí hay un acto de justicia, de razón y del derecho”.

Aún existen predios invadidos en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Ocozocoautla, Chiapa de Corzo, Jiquipilas, Mezcalapa, Mazatán y El Parral, donde los ocupantes deberán entender la nueva realidad que se vive en el estado, si no hay desocupación voluntaria, la sociedad insistirá en que se aplique la ley y el gobierno del estado tendrá que actuar, puntualizó.

Tuxtla Gutiérrez.- El desalojo de predios en diversos municipios del estado es una determinación que debía el gobierno del estado a la sociedad, sin embargo, falta desocupar más propiedades y organizaciones campesinas, no hay que tener miedo al orden, ni al Estado de derecho, afirmó el secretario de la mesa directiva del Congreso del Estado, Mario Sántiz Gómez.

De acuerdo con el legislador local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), no puede haber privilegios, así como ha salido una organización, hay que ir por las otras, nadie puede seguir en manos de una propiedad que no es suya, como tampoco es válido tomar propiedades con el argumento de una lucha social o como bandera.

Insistió el legislador local de Chamula, que hay familias que realmente necesitan un terreno para vivir, pero es la minoría, la mayoría no lo requiere, muchos predios que han sido ocupados de manera ilegal no se dedican a la actividad agropecuaria, familias tienen domicilios en colonias de la capital y han ocupado otros en diversos municipios, eso no es justo.

Sántiz Gómez indicó en entrevista que la oferta del gobierno del estado de otorgar apoyos a través de programas sociales a las familias que han sido desalojadas es buena determinación, pero habría que priorizar a los que realmente no tienen donde vivir para mejorar sus condiciones.

En ese sentido, las organizaciones sociales deben entender que nadie debe estar por encima de la ley, ni nadie al margen de esta, la lucha social no es un derecho a tomar propiedades por la fuerza, “todo mundo aplaude la determinación del gobierno del estado, no avalamos el abuso de autoridad o de poder, aquí hay un acto de justicia, de razón y del derecho”.

Aún existen predios invadidos en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Ocozocoautla, Chiapa de Corzo, Jiquipilas, Mezcalapa, Mazatán y El Parral, donde los ocupantes deberán entender la nueva realidad que se vive en el estado, si no hay desocupación voluntaria, la sociedad insistirá en que se aplique la ley y el gobierno del estado tendrá que actuar, puntualizó.

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