Tuxtla Gutiérrez. - Luego de que un grupo armado en el municipio de Pantelhó se nombrara así mismo como autodefensas a través de un comunicado y un vídeo que circularon por redes sociales el pasado sábado, Olga Luz Espinosa Morales, diputada del Congreso Local, resaltó que las autodefensas son grupos ilegales, pues esta figura no está reconocida por el sistema de justicia mexicano.
“Es inexistente la figura de autodefensas. Acá lo que estamos viendo es que no existe el estado de derecho en el municipio de Pantheló. Pero no podemos tomar justicia por nuestra propia mano porque eso no se llamaría justicia, sino un tipo de venganza privada”; señaló Espinosa Morales en entrevista a este medio.
La diputada local por el PRD agregó que, además de que el término autodefensas no está contemplada en la ley, también actúan de forma ilegal al portar armas de uso exclusivo del ejército, aunque ellos mismos digan que su fin sea para reestablecer la paz en el municipio; el único medio legal es a través de las autoridades estatales.
“Si dicen que es con la finalidad de reestablecer la paz, entremos a una mesa de diálogo y reconciliación, pues que se ejecuten las averiguaciones previas contra de quien o quienes resulten responsables”; indicó.
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Por su parte, el Arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Monseñor Fabio Martínez Castilla, en conferencia de prensa, reconoció las denuncias que los pobladores de municipios en conflicto, como Pantelhó, actualmente, y Chenalhó en su momento, han hecho a las autoridades, por la colusión entre éstas y grupos delincuenciales que “vienen menoscabando la paz y la seguridad y van sembrando miedo, muerte y terror”.
“Miramos preocupados la terrible situación de vida de más de dos mil personas de los municipios de Pantelhó y Chenalhó desplazados por la violencia generada por el crimen organizado, como sucede en estos casos, quienes más padecen las consecuencias de estos actos inhumanos, son los más pobres, mujeres, ancianos y niños”; dijo.
Por lo anterior, hizo un llamado a las autoridades de diferentes niveles de gobierno para que “hagan lo que les corresponde hacer como autoridad para garantizar así la seguridad de todos los ciudadanos para evitar que estos hechos violentos se repitan para que ninguna muerte o violencia quede impune”.
