/ viernes 23 de noviembre de 2018

Incierto destino de 5 mil expulsados de Chalchihuitán, Aldama y Chenalhó

El Frayba fue la primera organización en Chiapas dedicada a la defensa de los derechos humanos

Lee la primera parte : Sacerdotes y pastores unidos contra la intolerancia religiosa

Lee la segunda parte : Cincuenta años de conflictos religiosos

Lee la tercera parte : El púlpito electrónico; 67 radiodifusoras religiosas operan en Chiapas


La Iglesia Autóctona y la Teología India que promovió el obispo Samuel Ruiz García (1924-2011) en la Diócesis de San Cristóbal es emblemática de la Iglesia católica en Chiapas, al desarrollar su labor evangelizadora con el apoyo de 320 diáconos y aproximadamente ocho mil catequistas indígenas casados, única forma de atender a las dos mil 500 comunidades indígenas, dispersas en la zona de los Altos.

La Diócesis de San Cristóbal está ubicada en la región de los Altos de Chiapas, una zona que ha sido escenario de muchos episodios de violencia y conflictos intercomunitarios. En la catedral de San Cristóbal se efectuaron las pláticas de paz en 1994 entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal y también es la zona en donde ocurrió la masacre de 45 personas en Acteal en diciembre de 1997.

Ante esta situación, por iniciativa del obispo Samuel Ruiz, el 19 de marzo de 1989 se fundó el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, popularmente conocido como el “Frayba”, una organización civil sin fines de lucro para defender los derechos de las comunidades.

Actualmente, entre los muchos casos que atiende, está el de los desplazamientos forzados de Chalchihuitán, Aldama y Chenalhó, donde los conflictos territoriales y la presencia de grupos civiles armados provocaron que más de cinco mil personas huyeran de sus viviendas y se refugiaran en las montañas.

El conflicto ha escalado hasta el punto de que para agosto de este año (2018), había mil 450 personas desplazadas, unas cuatro mil personas retornadas, pero que aún no han podido regresar a sus hogares. Mientras tanto, los desplazados están organizados en 10 campamentos que requieren de servicios básicos, alimentación, refugio, salud y artículos de higiene personal para subsistir en espera de una resolución.

A menos de dos semanas de haber sido nombrado obispo de San Cristóbal, monseñor Rodrigo Aguilar Martínez, visitó el 16 de enero de este año a los indígenas desplazados de Chalchihuitán, quienes pidieron su ayuda para solucionar el conflicto de tierras que tienen desde hace cuatro décadas con los pobladores del municipio de Chenalhó.

Apenas ayer, indígenas tsotsiles de la comunidad Chavajebal, municipio de El Bosque, mientras pedían ayuda económica, mediante “boteo”, a los automovilistas que cruzaban la caseta de cobro de la autopista Tuxtla-San Cristóbal afirmaban que solo la Diócesis de San Cristóbal, a través del padre de Simojovel, Marcelo Pérez, ha sido la única institución que los ha ayudado.



Comunidades amenazadas por megaproyectos

Otro asunto que destaca el Frayba es el de los “megaproyectos de muerte”, obras que efectúan empresas privadas, con capital extranjero, que se establecen en forma autoritaria y con el aval de instituciones gubernamentales, en territorios indígenas.

En Chiapas hay alrededor de 40 megaproyectos, la mayoría de los cuales son mineros, hidroeléctricos, de turismo y plantaciones, algunos ya en explotación y otros aún en exploración, aunque “por sus amenazas y preparativos ya generan incertidumbre, acaparamiento de tierras, divisiones internas en las poblaciones, desplazamientos, entre otras violaciones a los derechos humanos”, señala un informe del Frayba.

“De manera general –explica– estos megaproyectos siguen una lógica de despojo: la implantación autoritaria, la falta de consulta previa, libre e informada a las poblaciones afectadas, el contubernio entre autoridades de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal), modificación de normas y leyes, violencia, criminalización y judicialización para quienes se resisten o se oponen”.


Vigente la Iglesia Autóctona de Samuel Ruiz

La defensa y atención de los pueblos originarios de Chiapas se mantienen en la diócesis de San Cristóbal, porque “son caminos que no se pueden hacer a un lado”, señaló en su momento, monseñor Felipe Arizmendi Esquivel al despedirse de su grey, el 8 de noviembre de 2017. Dijo estar contento porque Dios le concedió ver muchos buenos frutos, principalmente en la línea que dejó don Samuel Ruiz García, “de ser una Iglesia autóctona, liberadora, evangelizadora, servidora, en comunión y bajo la guía del Espíritu”.

Hace dos años (2016), el Papa Francisco visitó la tumba del obispo Ruiz García en la catedral de San Cristóbal y ofició una multitudinaria misa dedicada a los pueblos indígenas, en la que el Pontífice les pidió perdón por su exclusión e incomprensión, leyendo frases en tseltal, tsotsil, tojolabal, zoque y chol.

Al final de la misa entregó un decreto de autorización del uso de lenguas indígenas en la liturgia y recibió un ejemplar de la Biblia traducida al Tseltal y Tsotsil.

El obispo Ruiz García se preocupaba por el sacerdocio de los indígenas y por la constitución de una Iglesia Autóctona. Para la formación de futuros pastores de la Diócesis se contaba con el Seminario; “pero, en muchas cosas, la formación que éste proporcionaba resultaba ajena al mundo indígena y campesino mayense, en el que el servidor de la comunidad se considera maduro solamente si sabe trabajar con sus manos la santa tierra y tiene su propia familia”, se indica en el Directorio Diocesano para el Diaconado Indígena Permanente, publicado en 1999.

“El Diacono puede dar primera comunión, puede bautizar, puede casar tiene un reconocimiento importante entre la población entre la feligresía; aquí el sacerdote es más lejano, aquí llega el obispo a oficiar misa una vez al mes a la iglesia de Juan Diego, que es una iglesia indígena. El diacono tiene un gran reconocimiento por su gente y hablan en su lengua”, explica la doctora Gabriela Robledo Hernández, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

“Don Samuel rompió con algunas tradiciones de la iglesia católica”, señala la doctora Robledo Hernández. En lo que respecta a la diócesis, Samuel Ruiz rompió con el esquema de verticalidad en donde el obispo es la autoridad máxima, al crear un consejo diocesano y por otra parte impulsó la interculturización del evangelio, que es como rescatar e incluir partes de las costumbres en términos de religiosidad de los pueblos a la iglesia.

(Continuará)

Lee la primera parte : Sacerdotes y pastores unidos contra la intolerancia religiosa

Lee la segunda parte : Cincuenta años de conflictos religiosos

Lee la tercera parte : El púlpito electrónico; 67 radiodifusoras religiosas operan en Chiapas


La Iglesia Autóctona y la Teología India que promovió el obispo Samuel Ruiz García (1924-2011) en la Diócesis de San Cristóbal es emblemática de la Iglesia católica en Chiapas, al desarrollar su labor evangelizadora con el apoyo de 320 diáconos y aproximadamente ocho mil catequistas indígenas casados, única forma de atender a las dos mil 500 comunidades indígenas, dispersas en la zona de los Altos.

La Diócesis de San Cristóbal está ubicada en la región de los Altos de Chiapas, una zona que ha sido escenario de muchos episodios de violencia y conflictos intercomunitarios. En la catedral de San Cristóbal se efectuaron las pláticas de paz en 1994 entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal y también es la zona en donde ocurrió la masacre de 45 personas en Acteal en diciembre de 1997.

Ante esta situación, por iniciativa del obispo Samuel Ruiz, el 19 de marzo de 1989 se fundó el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, popularmente conocido como el “Frayba”, una organización civil sin fines de lucro para defender los derechos de las comunidades.

Actualmente, entre los muchos casos que atiende, está el de los desplazamientos forzados de Chalchihuitán, Aldama y Chenalhó, donde los conflictos territoriales y la presencia de grupos civiles armados provocaron que más de cinco mil personas huyeran de sus viviendas y se refugiaran en las montañas.

El conflicto ha escalado hasta el punto de que para agosto de este año (2018), había mil 450 personas desplazadas, unas cuatro mil personas retornadas, pero que aún no han podido regresar a sus hogares. Mientras tanto, los desplazados están organizados en 10 campamentos que requieren de servicios básicos, alimentación, refugio, salud y artículos de higiene personal para subsistir en espera de una resolución.

A menos de dos semanas de haber sido nombrado obispo de San Cristóbal, monseñor Rodrigo Aguilar Martínez, visitó el 16 de enero de este año a los indígenas desplazados de Chalchihuitán, quienes pidieron su ayuda para solucionar el conflicto de tierras que tienen desde hace cuatro décadas con los pobladores del municipio de Chenalhó.

Apenas ayer, indígenas tsotsiles de la comunidad Chavajebal, municipio de El Bosque, mientras pedían ayuda económica, mediante “boteo”, a los automovilistas que cruzaban la caseta de cobro de la autopista Tuxtla-San Cristóbal afirmaban que solo la Diócesis de San Cristóbal, a través del padre de Simojovel, Marcelo Pérez, ha sido la única institución que los ha ayudado.



Comunidades amenazadas por megaproyectos

Otro asunto que destaca el Frayba es el de los “megaproyectos de muerte”, obras que efectúan empresas privadas, con capital extranjero, que se establecen en forma autoritaria y con el aval de instituciones gubernamentales, en territorios indígenas.

En Chiapas hay alrededor de 40 megaproyectos, la mayoría de los cuales son mineros, hidroeléctricos, de turismo y plantaciones, algunos ya en explotación y otros aún en exploración, aunque “por sus amenazas y preparativos ya generan incertidumbre, acaparamiento de tierras, divisiones internas en las poblaciones, desplazamientos, entre otras violaciones a los derechos humanos”, señala un informe del Frayba.

“De manera general –explica– estos megaproyectos siguen una lógica de despojo: la implantación autoritaria, la falta de consulta previa, libre e informada a las poblaciones afectadas, el contubernio entre autoridades de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal), modificación de normas y leyes, violencia, criminalización y judicialización para quienes se resisten o se oponen”.


Vigente la Iglesia Autóctona de Samuel Ruiz

La defensa y atención de los pueblos originarios de Chiapas se mantienen en la diócesis de San Cristóbal, porque “son caminos que no se pueden hacer a un lado”, señaló en su momento, monseñor Felipe Arizmendi Esquivel al despedirse de su grey, el 8 de noviembre de 2017. Dijo estar contento porque Dios le concedió ver muchos buenos frutos, principalmente en la línea que dejó don Samuel Ruiz García, “de ser una Iglesia autóctona, liberadora, evangelizadora, servidora, en comunión y bajo la guía del Espíritu”.

Hace dos años (2016), el Papa Francisco visitó la tumba del obispo Ruiz García en la catedral de San Cristóbal y ofició una multitudinaria misa dedicada a los pueblos indígenas, en la que el Pontífice les pidió perdón por su exclusión e incomprensión, leyendo frases en tseltal, tsotsil, tojolabal, zoque y chol.

Al final de la misa entregó un decreto de autorización del uso de lenguas indígenas en la liturgia y recibió un ejemplar de la Biblia traducida al Tseltal y Tsotsil.

El obispo Ruiz García se preocupaba por el sacerdocio de los indígenas y por la constitución de una Iglesia Autóctona. Para la formación de futuros pastores de la Diócesis se contaba con el Seminario; “pero, en muchas cosas, la formación que éste proporcionaba resultaba ajena al mundo indígena y campesino mayense, en el que el servidor de la comunidad se considera maduro solamente si sabe trabajar con sus manos la santa tierra y tiene su propia familia”, se indica en el Directorio Diocesano para el Diaconado Indígena Permanente, publicado en 1999.

“El Diacono puede dar primera comunión, puede bautizar, puede casar tiene un reconocimiento importante entre la población entre la feligresía; aquí el sacerdote es más lejano, aquí llega el obispo a oficiar misa una vez al mes a la iglesia de Juan Diego, que es una iglesia indígena. El diacono tiene un gran reconocimiento por su gente y hablan en su lengua”, explica la doctora Gabriela Robledo Hernández, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

“Don Samuel rompió con algunas tradiciones de la iglesia católica”, señala la doctora Robledo Hernández. En lo que respecta a la diócesis, Samuel Ruiz rompió con el esquema de verticalidad en donde el obispo es la autoridad máxima, al crear un consejo diocesano y por otra parte impulsó la interculturización del evangelio, que es como rescatar e incluir partes de las costumbres en términos de religiosidad de los pueblos a la iglesia.

(Continuará)

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