/ sábado 9 de noviembre de 2019

Indígenas desplazados piden detener a grupos civiles armados

Solo han recibido la solidaridad de la escuela Normal Rural Mactumactzá 

Tuxtla Gutiérrez.- Indígenas desplazados en Chiapas enfrentan una serie de discriminación, tras años de lucha a un siguen esperando la luz de la justicia, demandan al Estado mexicano detener a grupos civiles armados y a generar condiciones para su retorno en condiciones dignas o reubicación segura y ordenada, son casi 500 personas.

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Enfrentan el frío, la escasez de alimentos, inseguridad, desprecio de las instituciones, el rechazo de la sociedad, se les niega el derecho a la salud a las mujeres, sin acceso al empleo y sin el derecho a la educación de 146 niños, en el exilio solo han tenido la solidaridad de estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, enfatizó el director del Centro de Derechos Humanos Ku’untik, Diego Cadenas Gordillo.

Los indígenas desplazados los del ejido Cintalapa del municipio de Ocosingo salieron de sus hogares el 6 de marzo del 2009; las familias de Tenango en Ocosingo fueron expulsadas de sus viviendas el 23 de enero del 2015; las familias del paraje Sulvó en Zinacantán salieron el 19 de diciembre del 2015; y del ejido Puebla en Chenalhó salieron desde el 26 de mayo del 2016, todos deben tener acceso a la justicia, expone el diputado local del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Juan Salvador Camacho Velasco.

Otro grupo de más de 80 personas indígenas que no forman parte de este colectivo integrado por 22 familias del Chigtón municipio de Ixtapa, fueron expulsados el 30 de agosto del 2012, viven exiliados en el Fraccionamiento Residencial Montebello en Chiapa de Corzo “Casas Geo”, donde a veces les pagan la renta, viven con escasez de alimentos y sin empleo, su representante es Agustín Pérez Gómez y su abogado David Ramos Hernández.

El indígena Armando Méndez Núñez, representante de los desplazados del ejido Cintalapa municipio de Ocosingo en la región Selva, comparte como han sobre vivido 10 años fuera de sus hogares tras aquella incursión violenta de sus agresores en marzo del 2009, tras negarse a realizar trabajo político a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“Necesitamos alimentos, justicia y el retorno a nuestras comunidades de donde nos obligaron a salir y a donde los gobiernos no nos han podido regresar, necesitamos que detengan a los grupos civiles armados que siguen operando en contra de todos los grupos de desplazados”. Ese es el clamor, añadió Eva Méndez Núñez, desplazada de esa misma comunidad.

Mientras tanto, Araceli Cruz López, representante de los desplazados del ejido Puebla del municipio de Chenalhó, expuso que el mayor agobio que enfrentan es la escasez de alimentos debido a que la secretaría de Protección Civil suspendió la entrega con el argumento de que la secretaría de Hacienda no le ha otorgado recursos económicos.

A su vez, Javier Hernández, del ejido Puebla Municipio de Chenalhó, agregó que desde el 26 de mayo del 2016 la expulsión les cambió la vida, en las reuniones con el gobierno no se han respetado nuestros derechos, uno de los operadores políticos del gobierno de Manuel Velasco Coello, en la secretaría de Gobierno, Fernando Pérez Robles, no nos trató bien, lamentablemente en esta nueva administración nos ha tocado también reunirnos con él y es el mismo escenario.

Tuxtla Gutiérrez.- Indígenas desplazados en Chiapas enfrentan una serie de discriminación, tras años de lucha a un siguen esperando la luz de la justicia, demandan al Estado mexicano detener a grupos civiles armados y a generar condiciones para su retorno en condiciones dignas o reubicación segura y ordenada, son casi 500 personas.

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Otro grupo de más de 80 personas indígenas que no forman parte de este colectivo integrado por 22 familias del Chigtón municipio de Ixtapa, fueron expulsados el 30 de agosto del 2012, viven exiliados en el Fraccionamiento Residencial Montebello en Chiapa de Corzo “Casas Geo”, donde a veces les pagan la renta, viven con escasez de alimentos y sin empleo, su representante es Agustín Pérez Gómez y su abogado David Ramos Hernández.

El indígena Armando Méndez Núñez, representante de los desplazados del ejido Cintalapa municipio de Ocosingo en la región Selva, comparte como han sobre vivido 10 años fuera de sus hogares tras aquella incursión violenta de sus agresores en marzo del 2009, tras negarse a realizar trabajo político a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“Necesitamos alimentos, justicia y el retorno a nuestras comunidades de donde nos obligaron a salir y a donde los gobiernos no nos han podido regresar, necesitamos que detengan a los grupos civiles armados que siguen operando en contra de todos los grupos de desplazados”. Ese es el clamor, añadió Eva Méndez Núñez, desplazada de esa misma comunidad.

Mientras tanto, Araceli Cruz López, representante de los desplazados del ejido Puebla del municipio de Chenalhó, expuso que el mayor agobio que enfrentan es la escasez de alimentos debido a que la secretaría de Protección Civil suspendió la entrega con el argumento de que la secretaría de Hacienda no le ha otorgado recursos económicos.

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