La presidenta de la Comisión de Educación Cívica y Capacitación del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Sofía Martínez de Castro León, reconoció lo indispensable que es aplicar la ley en los casos de violencia política de género para avanzar hacia una paridad sustantiva hacia un ejercicio real de los derechos por parte de las mujeres.
Tras el sufragio del 1 de julio del 2018, se eligieron 33 presidentas municipales, 89 síndicas y 243 regidoras de mayoría relativa; sin embargo, existen casos complejos pero muy visibles de violencia política en razón de género, que, a su juicio, deben resolverse.
En San Juan Cancuc no toma posesión la síndica electa, Martha López Sántiz, desde el 1 de octubre del 2018; en Mitontic, Manuela Martínez Icó, en Chalchihuitán desapareció el Cabildo.
Mientras que las alcaldes: en El Bosque, Aurelia Sánchez López, es desplazada por uno de los regidores que es su hermano; en Ostuacán, Madahí Cadenas Juárez es apartada por su esposo; en Aldama, Verónica Ruiz Pérez enfrenta presiones de grupos políticos, al igual que en Chanal, Alejandra Martínez y en Simojovel, Viridiana Hernández.
En San Juan Cancuc existe sentencia del Tribunal Electoral del Estado que ordenó al Cabildo, encabezado por José López López, darle posesión a la Síndica electa, pagarle su dieta, garantizarle seguridad para el desempeño de sus funciones y evitar conflictos en su contra, resolución confirmada por las salas Regional y Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero no se cumple.
Martínez de Castro León sostiene que los pueblos y comunidades indígenas deben conocer, ejercer y respetar los derechos políticos electorales de las féminas en un ejercicio diario de la democracia. Del financiamiento público ordinario por 93 millones 616 mil 204 pesos con 15 centavos, los partidos políticos deben destinar siete millones 756 mil 862 pesos para empoderar a las mujeres.
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