Un total de 144 mil 193 operaciones financieras sospechosas detectó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal (SHCP) en el estado en el primer semestre de 2019. Alrededor de 18 mil 163 personas participaron en ellas en conjunto. Representó una disminución y un alza de 3.2 y 11 por ciento, respectivamente, en comparación con el mismo periodo de 2018.
Por medio de un reporte, dijo que 139 mil 937 transacciones fueron clasificadas como “relevantes”, cuatro mil 251 “inusuales” y cinco “preocupantes”, equivalente 97, 2.9 y 0.1 por ciento del total, en ese orden. Fue la segunda suma más alta para una primera parte de un ejercicio de 2012 a la fecha.
Los primeros son desplazamientos de fondos que no concuerdan con el historial del cliente y/o el receptor desconfía del destino final de los recursos. Los segundos implican un monto igual o mayor al equivalente a 10 mil dólares en moneda nacional. Los terceros tienen como protagonistas a directivos, funcionarios, trabajadores y/o apoderados de los emisores, quienes con su conducta presuntamente violaron la ley contra el blanqueo de capitales.
Informó que esos movimientos involucraron a 18 mil 163 individuos de manera unitaria. Sin embargo, al tomar en cuenta que a veces un sujeto intervino en dos o más operaciones, el número se extendió a 28 mil 114, a la postre el universo más amplio de personas para un acumulado de enero a junio de los últimos siete años.
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En este ejercicio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó un programa para poner al corriente a los contribuyentes susceptibles al “lavado” y que no cumplieron con la legislación en la materia entre el 1 de julio de 2013 y el 31 de diciembre de 2018. La iniciativa consta de que el órgano recaudador omita la imposición de sanciones, a cambio de que los causantes corrijan todas la irregularidades.
En México la lucha contra ese delito es regida desde 2013 por la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La normatividad observa entre 320 mil y 340 mil actividades de 15 sectores vulnerables a dicha conducta. Quien viole el ordenamiento puede ser acreedor a una condena de al menos cinco años de prisión. Asimismo, los intermediarios que no notifiquen las transacciones de sus clientes bajo ciertas circunstancias recibirán una multa de hasta 750 mil pesos.
De 2005 al primer semestre de este ejercicio, en Chiapas la SHPC descubrió 866 mil 459 movimientos con presunto dinero mal habido en los que participaron hasta 430 mil 945 individuos.
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