Caída de los ingresos públicos y una relativa pérdida de competitividad del Sur Sureste del país desde el punto de vista económico, serán las consecuencias a corto plazo de la tasa de 20 por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y de 8 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que supuestamente entrará en vigor para las personas morales y físicas con actividad empresarial en la frontera norte a partir del próximo 1 de enero, derivado de un decreto presidencial.
Mediante un comunicado, el Colegio de Contadores Públicos dijo que con dicho estímulo en teoría será más atractivo invertir en los municipios del Norte en los que estará vigente dicho incentivo.
No obstante, el salario mínimo de 176 pesos que también entrará en vigor en esos lugares durante 2018 restará impulso a ese beneficio fiscal. Estados como Chiapas pueden sacar ventaja de esa situación porque en esa entidad el salario mínimo será menor a los 105 pesos, afirmó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el estado, Enoch Gutiérrez Cruz.
Por su parte, el Centro de Investigación en Estudios Presupuestales (CIEP) solicitó a las autoridades del nuevo gobierno federal establecer supuestos de aplicación de ese beneficio para garantizar que favorezca al sector al que va dirigido; así como para evitar la migración masiva de las empresas a esa región del país, o bien casos de “movilidad de ingresos”.
Aunque bajar el IVA y el ISR en esa zona de México incentiva la inversión y también el consumo, las finanzas públicas del país resentirán sus efectos. Las arcas dejarán de embolsar 83 mil 142 millones de pesos por esa disposición, de los cuales 51 mil 271 millones de pesos serán por IVA y 31 mil 871 millones de pesos por ISR, puntualizó.
