La Coordinadora Estatal de Mujeres Indígenas de Chiapas (COEMICH), Patricia Díaz López, demandó al Estado Mexicano garantías para el desempeño de sus cargos constitucionales a las mujeres que el 6 de junio ganaron una elección en Chiapas, así lo han hecho saber al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y a la Secretaría para la Igualdad de Género en el estado, a la vez, piden hacer valer la paridad de género en todas las instituciones estatales y municipales.
En entrevista, la socióloga indígena originaria de Chamula, expuso que no puede haber usurpación de funciones, ni paridad simulada, tanto en las zonas indígenas como no indígenas tienen que ejercer los cargos públicos quienes tuvieron el respaldo en las urnas en los comicios del primer domingo de junio pasado, los órganos electorales tienen que ser garantes de la legalidad y el Estado de Derecho.
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Por otra parte, expone que los pueblos indígenas deben estar representados, porque en la actualidad de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 en Chiapas la población indígena es de casi un millón 500 mil personas, y a su juicio, deben estar representados en los cargos públicos de elección y designación los choles, tseltales, tsotsiles, zoques, tojolabales, cachiqueles, mocho’s, mames, chujes, jacaltecos, lacandones y canjubales.
De los 363 cargos de auto adscripción indígena, 179 son hombres y 184 mujeres, de las 29 presidencias municipales indígenas, 7 son mujeres y 22 hombres, del total de los cargos electos el primer domingo de junio, 563 son mujeres y 559 hombres, de las 118 alcaldías electas, 17 son mujeres y 101 hombres, de las 522 regidurías 224 son mujeres y 298 hombres, de las 118 sindicaturas 101 mujeres y 17 hombres, de las 364 regidurías suplentes 221 mujeres y 143 hombres.
Díaz López expone que no se debe permitir violación a los derechos políticos electorales de las mujeres, ni se debe tolerar la usurpación de funciones o la paridad de género simulada, en ese sentido, convoca a las mujeres que enfrenten violencia política en razón de género a denunciar y seguir los protocolos para la defensa de sus derechos e intereses.
