/ miércoles 31 de julio de 2019

Alcalde retenido por problemas políticos: tesorero

Autoridades municipales esperan pronto liberen al alcalde, al síndico, así como al tercero y cuarto regidor, porque es una problemática social

Fernando Manuel Álvarez Hernández, tesorero de Huixtán, consideró que la retención desde hace seis días del alcalde Javier Sebastián Jiménez Sántiz, obedece a intereses “de caciques” en busca de que se conforme un concejo municipal, y son quienes esperan desestabilizar a las comunidades, por lo que pidió a las instancias procuradoras de justicia, tomen cartas en el asunto, además de aclarar están abiertos a cualquier investigación para transparentar los recursos.

“Esto es cuestión política, lo que quieren algunos caciques de pueblo de Huixtán es que se nombre un concejo municipal y de antemano echar abajo el proyecto de Javier Sebastián, pero estamos seguros que debe seguir encaminado, no le estamos haciendo ningún daño al pueblo, queremos el progreso y el desarrollo de nuestros pueblos”, dijo en conferencia de prensa.

Desde el primer momento en que se enteraron que el alcalde y el síndico tradicional fueron retenidos, apostaron al diálogo y a que se haga una investigación sobre los 4 millones que según ellos debieron recibir, y de ser culpable el alcalde deberá pagar, “pero estamos seguros que no, que lo que se está ejecutando, está validado por la promotora de vivienda, no tenemos nada que esconder, esos 4 millones que supuestamente les corresponde ya se les explicó, pero por los caciques que han metido cizaña en las comunidades, es por eso no hemos podido aterrizar buenos acuerdos”.

Explicó que a la comunidad San Andrés Puerto Rico se le dio un total de 8 millones 349 mil 469 pesos con 36 centavos por presupuesto de vivienda, correspondiéndoles a cada uno de los 284 habitantes beneficiados 29 mil 399 pesos con 54 centavos, y que los 4 millones 300 mil 149 pesos con 08 centavos, corresponde a los 15 mil 141 pesos con 37 centavos que debió cada beneficiario de aportar como mano de obra, pero que no lo hacen porque algunos de ellos mismos edifican su obra, “esta es una aportación que debió haber dado, no se hizo la lista de raya porque ellos están omitiendo el impuesto sobre la renta, para bajar los recursos de la mejor manera, para que rinda en las comunidades”.



Dejó ver que desde el momento en que se enteraron de la retención han tocado también instancias de derechos humanos porque “es una violación a sus derechos, por la privación de la libertad, apostamos que haya gobernabilidad, no queremos un problema social”.

“Para nosotros es humillante lo que le hicieron a nuestro presidente, nosotros siempre hemos dicho en el pueblo de Huixtán que se tiene que respetar a la mujer, lo que hicieron ayer es una violación a los derechos de las mujeres, consideramos que las mujeres son de palabra, tienen honorabilidad y por nada la subestimamos”, concluyó.

“Estamos en la mejor disposición de que se hagan las investigaciones que crean pertinentes a nivel nacional, porque es recurso federal, estatal y todas las instancias”.


El martes el alcalde fue obligado a participar en un bloqueo-boteo, pidiendo a cada conductor la cantidad de 50 pesos para poder transitar sobre la vía San Cristóbal de Las Casas-Huixtán, vestido de mujer

Fernando Manuel Álvarez Hernández, tesorero de Huixtán, consideró que la retención desde hace seis días del alcalde Javier Sebastián Jiménez Sántiz, obedece a intereses “de caciques” en busca de que se conforme un concejo municipal, y son quienes esperan desestabilizar a las comunidades, por lo que pidió a las instancias procuradoras de justicia, tomen cartas en el asunto, además de aclarar están abiertos a cualquier investigación para transparentar los recursos.

“Esto es cuestión política, lo que quieren algunos caciques de pueblo de Huixtán es que se nombre un concejo municipal y de antemano echar abajo el proyecto de Javier Sebastián, pero estamos seguros que debe seguir encaminado, no le estamos haciendo ningún daño al pueblo, queremos el progreso y el desarrollo de nuestros pueblos”, dijo en conferencia de prensa.

Desde el primer momento en que se enteraron que el alcalde y el síndico tradicional fueron retenidos, apostaron al diálogo y a que se haga una investigación sobre los 4 millones que según ellos debieron recibir, y de ser culpable el alcalde deberá pagar, “pero estamos seguros que no, que lo que se está ejecutando, está validado por la promotora de vivienda, no tenemos nada que esconder, esos 4 millones que supuestamente les corresponde ya se les explicó, pero por los caciques que han metido cizaña en las comunidades, es por eso no hemos podido aterrizar buenos acuerdos”.

Explicó que a la comunidad San Andrés Puerto Rico se le dio un total de 8 millones 349 mil 469 pesos con 36 centavos por presupuesto de vivienda, correspondiéndoles a cada uno de los 284 habitantes beneficiados 29 mil 399 pesos con 54 centavos, y que los 4 millones 300 mil 149 pesos con 08 centavos, corresponde a los 15 mil 141 pesos con 37 centavos que debió cada beneficiario de aportar como mano de obra, pero que no lo hacen porque algunos de ellos mismos edifican su obra, “esta es una aportación que debió haber dado, no se hizo la lista de raya porque ellos están omitiendo el impuesto sobre la renta, para bajar los recursos de la mejor manera, para que rinda en las comunidades”.



Dejó ver que desde el momento en que se enteraron de la retención han tocado también instancias de derechos humanos porque “es una violación a sus derechos, por la privación de la libertad, apostamos que haya gobernabilidad, no queremos un problema social”.

“Para nosotros es humillante lo que le hicieron a nuestro presidente, nosotros siempre hemos dicho en el pueblo de Huixtán que se tiene que respetar a la mujer, lo que hicieron ayer es una violación a los derechos de las mujeres, consideramos que las mujeres son de palabra, tienen honorabilidad y por nada la subestimamos”, concluyó.

“Estamos en la mejor disposición de que se hagan las investigaciones que crean pertinentes a nivel nacional, porque es recurso federal, estatal y todas las instancias”.


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