La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) documenta que ha sido el Estado mexicano el causante de los conflictos entre las comunidades indígenas de San Pablo Chalchihuitán y San Pedro Chenalhó, que comenzó el 26 de mayo de 1975, fecha en la cual por resolución presidencial se le reconoce a aquél una superficie de 17,948-24-00 hectáreas que colindaban con el municipio de Chenalhó y que se ejecutó el 1° de diciembre de 1980 y el 19 de octubre de 1981.
De igual manera, precisa, el 4 de septiembre de 1975, mediante resolución presidencial de reconocimiento y titulación de bienes comunales, se reconoció a Chenalhó una superficie de 15,625-22-11 hectáreas que también colindaban con el municipio de Chalchihuitán.
De acuerdo con sus investigaciones hechas públicas recientemente titulada Relatoría sobre el Desplazamiento Interno en Chiapas, el 3 de marzo de 1977, la Secretaría de la Reforma Agraria intentó ejecutar y deslindar la superficie reconocida, sin embargo, los comuneros de San Pedro, Chenalhó se negaron a firmar el acta de deslinde correspondiente, en razón de que únicamente se localizaron 14,738-20-10 hectáreas, existiendo un supuesto faltante de 887-02-00 hectáreas.
Refiere la CEDH, que el 12 de agosto de 2005 los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de Chenalhó, demandaron ante el Tribunal Unitario Agrario la nulidad de la diligencia de ejecución de la resolución presidencial del 26 de mayo de 1975, en la cual se le reconoce al municipio Chalchihuitán, una superficie de 17,948-24-00 hectáreas, al considerar que la citada diligencia de deslinde estaba mal realizada, dando inicio al juicio de nulidad 781/2005.
Aldama no cederá 30 de 60 hectáreas a Chenalhó, en disputa desde hace muchos años
Sin embargo, el 6 de noviembre de 2017, el Tribunal Unitario Agrario resuelve declarar parcialmente nula la diligencia de deslinde realizada el 1 de diciembre de 1980, condenando a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), antes Secretaría de la Reforma Agraria, a reponer la diligencia, únicamente en lo correspondiente a la colindancia entre los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó.
La resolución del Tribunal Unitario Agrario se sumó y agravó las diferencias territoriales que existían entre las comunidades referidas, provocando una mayor tensión entre ambos grupos, puesto que Chalchihuitán consideraba verse afectado por la resolución, en tanto que Chenalhó beneficiado.
Estos motivos, sostiene el organismo, incrementaron los actos de intimidación a través de disparos de arma de fuego en los últimos meses del año 2017, lo que generó que el 18 de octubre de 2017, una persona muriera al parecer por un disparo de arma de fuego realizado por pobladores del municipio de Chenalhó.
Sin acceso a la justicia los indígenas desplazados: Ku’untik
Tales diferendos trajeron como consecuencia la pérdida de una vida humana, actos de intimidación, quema de casas y el desplazamiento forzado interno de aproximadamente 5 mil 266 personas de las comunidades de Canalumtic, Pom, Ch´enmut, Bololchojón, Bejeltón, Tulantic, Cruztón, Cruz Cacanam y Tzomoltón, pertenecientes al municipio de Chalchihuitán, y Majompepentic del municipio de Chenalhó.
Amenazas del Ayuntamiento
En el mes de diciembre de 2018, personas quienes se encontraban en campamentos de desplazados en las comunidades de Shishimtotik, Tulantik, Ch’enmut, Bololchojon, Cruz K’ak’anam, Jolcantetik, Cruzton, Bejelton y de Barrio Pom, todas del municipio de Chalchihuitán; se vieron en la necesidad de abandonarlos o destruirlos.
Manifestaron que por instrucciones del síndico municipal del ayuntamiento se les ordenó a los agentes y autoridades municipales y/o tradicionales que los desmantelaran, pues de lo contrario no recibirían recursos económicos para diversas obras públicas o beneficios para el desarrollo de esas localidades.
Las víctimas declararon que les amenazaron con que, en caso de seguir en el campamentos serían quemados o agredidos físicamente
Las víctimas declararon que les amenazaron con que, en caso de seguir en el campamentos serían quemados o agredidos físicamente y motivados por el temor, tuvieron que abandonar sus albergues y prestar un espacio en terrenos de familiares o conocidos dentro de la misma localidad.
Por su parte, representantes de los desplazados, el 20 de diciembre de 2018, dieron a conocer a medios de comunicación la situación que se presentaba; a su regreso a la comunidad Cruz K’ak’anam, las autoridades tradicionales les advirtieron que, en caso de realizar otra actividad similar, los multarían, creándose así un conflicto interno entre los representantes y los habitantes del lugar.
Para el 9 de enero de 2019 las casas en donde habitaban aquéllos fueron destruidos, por lo que tuvieron que regresar a vivir a la zona de la que habían sido desplazados por primera vez, aunque no existieran aún las condiciones para su retorno. En Chalchihuitán fueron desplazadas forzadamente, por segunda ocasión, aproximadamente mil 146 personas.
Existió un doble desplazamiento ya que las víctimas lo habían sido por primera vez en virtud del conflicto territorial entre Chalchihuitán y Chenalhó, muchos regresaron a sus hogares, otros permanecieron en campamentos y, al recibir las amenazas por parte de distintas autoridades rurales y municipales, tuvieron que abandonarlos e ir a otro lugar dentro del mismo municipio para construir una habitación provisional.
