San Cristóbal de Las Casas.- “Chiapas tiene la población infantil más numerosa del país, cuatro de cada diez personas tienen menos de 18 años de las cuales el 83.8% vive en pobreza. En regiones como Los Altos, niñas y niños indígenas siguen muriendo por causas prevenibles como enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas lo que sitúa al estado en el noveno lugar nacional en mortalidad infantil. Los proyectos escolares de miles de jóvenes se truncan en la secundaria. Solamente siete de cada 10 adolescentes concluyen su educación básica lo que coloca al estado con el segundo menor promedio de escolaridad a nivel nacional”.
Así lo dio a conocer en un comunicado las Asociación Civil, Melel Xojobal, al tiempo de asegurar que la violencia contra la infancia se refleja en los embarazos adolescentes de niñas de 10 a 14 años con la segunda tasa más alta del país y también en las desapariciones y feminicidios, pues “en 2018 y lo que va de 2019 han desaparecido 146 niñas, niños y adolescentes, y 7 niñas y adolescentes fueron asesinadas”.
En el contexto de violencia social e institucional miles vienen viajando de diferentes países de América Central son detenidos y sometidos a “tratos crueles, humillantes y entornos torturantes, ya que los albergues destinados para la protección y atención integral, terminan siendo anexos de las estaciones migratorias, privándoles de su libertad”.
Revelan que sólo en el 2018 fueron detenidos 31 mil 717 menores y adolescentes, de los cuales el 81.86 por ciento, fueron deportados de forma inmediata sin garantizar el cumplimiento del debido proceso o de acceso a la protección internacional; “no existen datos desagregados sobre niños, niñas y adolescentes solos, no acompañados ni acompañados; de enero a febrero del año 2019 han habido 5121 detenciones y 3692 deportaciones”.
Por lo anterior hacen un llamado al gobernador del estado como presidente del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) , instalado el pasado 16 de abril, así como al Congreso y Ayuntamientos, a que en el marco de sus competencias, garanticen la incorporación del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Proespinna), aprobado en noviembre de 2018, en el Plan Estatal y los Municipales de Desarrollo y asignar recursos para su adecuada implementación.
Además, demandan se impulsen la instalación y funcionamiento de los 124 Sistemas Municipales de Protección con la participación de actores de la sociedad civil y fortalezcan las Procuradurías de Protección a nivel estatal y municipal garantizando que cuenten con recursos técnicos, financieros y operativos y un adecuado seguimiento.
“Observen y respeten el principio del interés superior en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez y en todas las decisiones y actuaciones del Estado y Generar las condiciones, los espacios y los mecanismos para que niñas, niños y adolescentes sean escuchados y tomados en cuenta para la formulación del Plan Estatal de Desarrollo y en la toma de decisiones sobre todos los asuntos que les afectan”, concluyen.
En el contexto de violencia social e institucional que se vive en la entidad, dejan ver que se ha generado el desplazamiento forzado de más de tres mil menores y adolescentes en 2017 y 2018 que aún no pueden retornar a sus comunidades de origen
