Luego de que autoridades electorales han comenzado con la entrega de constancia de mayorías a alcaldes electos de los 124 municipios de Chiapas, el Colegio de Contadores Públicos de Chiapas, pidieron a las nuevas autoridades volteen a ver a los cuerpos colegiados, a fin de establecer legalidad en el manejo de recursos.
Y es que a nivel internacional se exige a los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que adapten y adopten las normas de contabilidad para el sector público a fin de enfrentar la corrupción, situación que no se hace en México, mucho menos en Chiapas.
El Colegio de Contadores Públicos de Chiapas, Fidel Moreno de los Santos, dejó en claro que no se trata de buscar un trabajo en el gobierno, sino que los que encabecen las alcaldías, así como en sus áreas importantes como en la tesorería o en la contraloría, cuando menos tengan los conocimientos adecuados para no seguir teniendo capítulos de corrupción, desviación de recursos o mal manejo de ellos.
Dijo que lo que se pretende es coadyuvar con la transparencia de los municipios, a través de convenios de colaboración entre los ayuntamientos con el Colegio de Contadores, a fin de que los nuevos gobiernos cuenten con este mecanismo de transparencia.
Señaló que se intenta que con la llegada de las nuevas administraciones, los gobiernos utilicen la oferta de los contadores certificados que hay en Tapachula porque es una manera de que se coadyuve en tener una administración identificada con la rendición de cuentas
Cabe hacer mención que en los gobiernos municipales, la falta de normas de contabilidad para el sector público, ha originado que hayan desvíos de recursos y falta de transparencia en el manejo del erario público, que va en contra del desarrollo de la entidad.
Puntualizó que el colegio de contadores está dispuesto a capacitar a los ayuntamientos entrantes en el proceso de entrega recepción, principalmente aquellas planillas que ya hayan recibido su constancia de mayoría y que no estén sujetos a medios de impugnación por los partidos políticos que compitieron.
