/ lunes 3 de junio de 2019

Ellas siguen esperando justicia

Afirman que no se ha cumplido la recomendación de la CIDH, donde demanda investigar y castigar a los militares presuntos responsables de este hecho

San Cristóbal de Las Casas.- A 25 años de las agresiones físicas y sexuales que sufrieron cuatro mujeres tseltales en Altamirano, ocasionados por militares, y que hasta la fecha siguen luchando para que haya justicia y verdad en razón de que México, dieron a conocer que no se ha cumplido con la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En un comunicado, indican que, durante el conflicto armado en los primeros días de enero de 1994, entre el gobierno federal y el EZLN, Altamirano fue uno de los municipios que fue incursionado por los zapatistas, durante varios meses permaneció retenes del Ejército Mexicano en la periferia de la localidad.

Recuerdan que el cuatro de junio de 1994, en territorio zapatista de Altamirano, en un retén que habían instalado los soldados, de acuerdo a la denuncia, detuvieron “arbitrariamente tres hermanas Ana, Beatriz y Celia, en ese tiempo contaban con 12, 13 y 14 años de edad y a su madre Delia, indígenas tseltales de la comunidad Santa Rosita Sibaquil del citado municipio”.



“Las tres hermanas fueron golpeadas, torturadas y violadas sexualmente por los militares quienes obligaron a la madre a presenciar las agresiones, el cuatro de abril de 2001, la CIDH en el informe de fondo número 53/01, concluyó que el estado mexicano era responsable de graves violaciones a los derechos humanos de las hermanas y su madre, por lo que le recomendó́ a México investigar y sancionar a los responsables, realizar un reconocimiento público de responsabilidad y reparar adecuadamente el daño”, citan.

Recordaron que 16 años después “de la tortura y violación” que sufrieron en manos de los soldados, el exgobernador, Juan Sabines Guerrero, quiso indemnizar para reparar los daños con la cantidad de 500 mil pesos a cada una, además una beca de estudios para sus hijos, proyectos productivos y seguro médico, “las victimas rechazaron esta propuesta”.


Las agredidas invitan a que se sumen a la exigencia de justicia en un acto simbólico a realizar frente a las instalaciones de la guarnición militar, este martes, así como no permitir la militarización

DEMANDA

San Cristóbal de Las Casas.- A 25 años de las agresiones físicas y sexuales que sufrieron cuatro mujeres tseltales en Altamirano, ocasionados por militares, y que hasta la fecha siguen luchando para que haya justicia y verdad en razón de que México, dieron a conocer que no se ha cumplido con la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En un comunicado, indican que, durante el conflicto armado en los primeros días de enero de 1994, entre el gobierno federal y el EZLN, Altamirano fue uno de los municipios que fue incursionado por los zapatistas, durante varios meses permaneció retenes del Ejército Mexicano en la periferia de la localidad.

Recuerdan que el cuatro de junio de 1994, en territorio zapatista de Altamirano, en un retén que habían instalado los soldados, de acuerdo a la denuncia, detuvieron “arbitrariamente tres hermanas Ana, Beatriz y Celia, en ese tiempo contaban con 12, 13 y 14 años de edad y a su madre Delia, indígenas tseltales de la comunidad Santa Rosita Sibaquil del citado municipio”.



“Las tres hermanas fueron golpeadas, torturadas y violadas sexualmente por los militares quienes obligaron a la madre a presenciar las agresiones, el cuatro de abril de 2001, la CIDH en el informe de fondo número 53/01, concluyó que el estado mexicano era responsable de graves violaciones a los derechos humanos de las hermanas y su madre, por lo que le recomendó́ a México investigar y sancionar a los responsables, realizar un reconocimiento público de responsabilidad y reparar adecuadamente el daño”, citan.

Recordaron que 16 años después “de la tortura y violación” que sufrieron en manos de los soldados, el exgobernador, Juan Sabines Guerrero, quiso indemnizar para reparar los daños con la cantidad de 500 mil pesos a cada una, además una beca de estudios para sus hijos, proyectos productivos y seguro médico, “las victimas rechazaron esta propuesta”.


Las agredidas invitan a que se sumen a la exigencia de justicia en un acto simbólico a realizar frente a las instalaciones de la guarnición militar, este martes, así como no permitir la militarización

DEMANDA

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