La violencia entre los municipios de Chenalhó y Aldama no va a cesar si no se resuelven los problemas de fondo, los diálogos son necesarios, como también los acuerdos de paz, pero no sustituyen a las soluciones, por un lado, urge ir a la raíz de los problemas agrarios, la desarticulación de los grupos armados, investigar y castigar el tráfico de armas, sostuvo la diputada local del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Patricia Mass Mazos.
Recordó que antes del asesinato del síndico de Aldama, Ignacio Pérez Girón, ocurrido el 6 de mayo del 2019, ha venido advirtiendo el riesgo de una “convulsión” en habitantes de ambos municipios, lamentablemente no se ha investigado a los interesados del conflicto, como tampoco el origen de las armas y los responsables de estas.
Mass Lazos, que recorrió comunidades de Aldama con el extinto síndico, Ignacio Pérez, dice haber constatado como las familias en sus hogares construyen barricadas para protegerse de los proyectiles de armas de fuego, ella misma ha recogido casquillos, ha constatado los calibres y lamentablemente no se ha ido a fondo en la atención de la que son responsables los tres niveles de gobierno.
Es lamentable la queja de uno y otro lado, la pobreza, el hambre, el dolor, el llanto, los heridos, las viudas, la falta de acceso a la justicia y los muertos, más de 20 contabiliza en Chenalhó y más de 6 Aldama, lamentablemente las víctimas siguen siendo indígenas, y no hay soluciones de fondo, las que urgen para estar en posibilidades de alcanzar la paz, sostiene la legisladora.
Desde 1974 la secretaría de la Reforma Agraria (SRA), hoy secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), generó una sobre posesión de la tenencia de la tierra entre ambos municipios que ha ocasionado la disputa de más de 60 hectáreas en los límites.
“Urgen soluciones de fondo, urge orden, Estado de Derecho, propuestas gubernamentales consensadas con las comunidades de ambos municipios, escuchar a las localidades, a las víctimas, proteger a la infancia y allanar los caminos hacia garantizar la paz y la gobernabilidad que penden de alfileres”, sustentó, Patricia Mass, vicepresidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado.
Habrá que incorporar a la SEDATU, al Tribunal Superior Agrario, a la Fiscalía General de la República, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las fuerzas federales de seguridad, debido a que los operativos que se puedan realizar ahora no están yendo al fondo, sin dejar de plantear el desarme de la población en cada una de las comunidades, insiste.
“Las veces que he recorrido las comunidades de Aldama, yo no vi personas armadas en este municipio, lo que sí vi fueron balas de Chenalhó hacia Aldama, recogí casquillos, presente fe notarial de hechos en el Congreso del Estado, incluso vi agresiones de Chenalhó a Chalchihuitán, el otro municipio colindante”.
Insiste en un desarme de carácter inmediato, la vida de muchas personas corre peligro por el tránsito y uso de armas de fuego, con base en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, nadie tiene permiso para encapucharse, ni para portar armas.
