Se estima que alrededor de 70 mil migrantes de diferentes nacionalidades están diseminados en las regiones Costa y Soconusco de Chiapas, por lo que, para la mayoría de la población, desde el 2018, esta situación ha representado una crisis social, de salud pública y de servicios para los municipios de estas regiones.
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Para el abogado en materia constitucional y penal, José Luis Pérez Jiménez, tanto el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador como el Congreso de la Unión, deben remitirse a la constitución para defender a la población de esta migración desordenada, que no permite conocer todas las causas que han tenido los extranjeros para migrar y establecerse en esta frontera sur.
Detalló que el artículo 29 de la constitución mexicana, hace referencia sobre la invasión extranjera que, interpretándose a los acontecimientos actuales, la migración desordenada puede abonar a la perturbación de la paz social, que atrae otros problemas como la escasez de alimentos, la falta de oportunidades para la población local, y lo más grave, la generación de la delincuencia común.
Afirmó que no se trata de discriminación a la persona por el hecho de ser migrante, sino que, al haber una invasión masiva y desordenada, al presidente de la república, lo faculta la Constitución en el artículo 29 a tomar acciones rápidas para enfrentar el peligro que representa este fenómeno.
Por lo que una alternativa sería que el mandatario federal se coordine con los gobiernos de Centroamérica y de Estados Unidos, para enfrentar las causas de esta migración, no dando dádivas, sino estableciendo acciones que le permita a los jóvenes migrantes a evitar salir de sus países de origen, proporcionado programas de fomento a la productividad y el combate a la delincuencia.
Por otro lado, señaló que, en las regiones de la Costa y Soconusco, el índice delictivo más alto lo representa en un 70 por ciento de los robos y asaltos en sus diferentes modalidades, y en un menor número los delitos de la delincuencia organizada, pero la conducta delictiva de los asaltantes no tiene que ver con su nacionalidad, más bien, por encontrarse en un entorno de nulas oportunidades.
Finalmente concluyó que mientras las instancias como COMAR y el INM continúen con la dilación para concluir los trámites de residencia en los migrantes, que a veces llegan a tardar hasta un año, el problema se irá asentando y la población de estas regiones lo seguirá lamentando.
