/ miércoles 29 de mayo de 2019

Justicia a defensores y a comunicadores

Pide Frayba cese también el hostigamiento en algunas zonas del país, así como la agresión a pueblos originarios después de haberse realizado el Congreso Nacional Indígena

San Cristóbal de Las Casas.- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas pidió al Estado mexicano, cesar las agresiones a pueblos, comunidades y organizaciones que integran el Congreso Nacional Indígena; así como justicia para los defensores y comunicadores asesinados en el país y alto a la militarización en Chiapas.

“En Chiapas, integrantes del Congreso Nacional Indígena del pueblo Chol de San José El Bascán, en el municipio de Salto de Agua, se encuentran en riesgo de ataque armado y desplazamiento forzado. En Oaxaca, el Comité en Defensa de los Pueblos Indígenas (Codedi) es constantemente perseguido: cuatro de sus integrantes fueron detenidos arbitrariamente este año y el 19 de abril, un ataque armado en contra de Codedi dejó 5 personas heridas en Huatulco”, cita en un comunicado de prensa.

Recuerdan que a dos años de haberse realizado el Congreso Nacional Indígena (CNI), las agresiones a los pueblos, comunidades y organizaciones se intensificaron como parte de una estrategia para contener las resistencias civiles y pacíficas en defensa del territorio. “En el epicentro de los hostigamientos y de la criminalización se encuentran las defensoras quienes son cuidadoras de sus milenarias culturas y de la Madre Tierra”.

Detalla que, desde diciembre del 2018, el CNI ha denunciado despojos, desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, criminalización e intentos de ejecuciones; “destacan además los ataques a medios comunitarios que ejercen el derecho a la libre expresión en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”.



“De acuerdo a información publicada en el portal del CNI: el 18 de mayo, personas que portaba armas largas ingresaron al domicilio de Salvador Sánchez Bolaños, comunicador de Radio Tlacuche, quien ha recibido amenazas de muerte relacionadas con su labor de denuncia del Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa Atzala, de Minera Autlán, en San Pablo Zoquitlán. Salvador y su familia se desplazaron forzadamente de su comunidad”, citan.

Por ultimo refieren que la lógica de guerra en contra de los pueblos que construyen autonomía, se reproduce en el incremento de la militarización a territorios zapatistas, “especialmente las incursiones, los sobrevuelos y el espionaje del Ejército Mexicano a la sede de la Junta de Buen Gobierno Hacia la Esperanza, en El Caracol de La Realidad (municipio oficial de Las Margaritas). Cerco que se profundiza con la presencia de la Guardia Nacional en la región, lo cual aumenta los riesgos a la integridad y seguridad de la población”.


El Centro de Derechos Humanos pide un alto a la “militarización” que se está incrementado en las zonas zapatistas, la cual se profundiza con la presencia de la Guardia Nacional

AGRESIÓN

San Cristóbal de Las Casas.- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas pidió al Estado mexicano, cesar las agresiones a pueblos, comunidades y organizaciones que integran el Congreso Nacional Indígena; así como justicia para los defensores y comunicadores asesinados en el país y alto a la militarización en Chiapas.

“En Chiapas, integrantes del Congreso Nacional Indígena del pueblo Chol de San José El Bascán, en el municipio de Salto de Agua, se encuentran en riesgo de ataque armado y desplazamiento forzado. En Oaxaca, el Comité en Defensa de los Pueblos Indígenas (Codedi) es constantemente perseguido: cuatro de sus integrantes fueron detenidos arbitrariamente este año y el 19 de abril, un ataque armado en contra de Codedi dejó 5 personas heridas en Huatulco”, cita en un comunicado de prensa.

Recuerdan que a dos años de haberse realizado el Congreso Nacional Indígena (CNI), las agresiones a los pueblos, comunidades y organizaciones se intensificaron como parte de una estrategia para contener las resistencias civiles y pacíficas en defensa del territorio. “En el epicentro de los hostigamientos y de la criminalización se encuentran las defensoras quienes son cuidadoras de sus milenarias culturas y de la Madre Tierra”.

Detalla que, desde diciembre del 2018, el CNI ha denunciado despojos, desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, criminalización e intentos de ejecuciones; “destacan además los ataques a medios comunitarios que ejercen el derecho a la libre expresión en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”.



“De acuerdo a información publicada en el portal del CNI: el 18 de mayo, personas que portaba armas largas ingresaron al domicilio de Salvador Sánchez Bolaños, comunicador de Radio Tlacuche, quien ha recibido amenazas de muerte relacionadas con su labor de denuncia del Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa Atzala, de Minera Autlán, en San Pablo Zoquitlán. Salvador y su familia se desplazaron forzadamente de su comunidad”, citan.

Por ultimo refieren que la lógica de guerra en contra de los pueblos que construyen autonomía, se reproduce en el incremento de la militarización a territorios zapatistas, “especialmente las incursiones, los sobrevuelos y el espionaje del Ejército Mexicano a la sede de la Junta de Buen Gobierno Hacia la Esperanza, en El Caracol de La Realidad (municipio oficial de Las Margaritas). Cerco que se profundiza con la presencia de la Guardia Nacional en la región, lo cual aumenta los riesgos a la integridad y seguridad de la población”.


El Centro de Derechos Humanos pide un alto a la “militarización” que se está incrementado en las zonas zapatistas, la cual se profundiza con la presencia de la Guardia Nacional

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