San Cristóbal de Las Casas.- Al cumplirse más de 24 horas de que desplazados de la comunidad San Gregorio, del municipio de Huixtán, desalojaran un inmueble rentado por el gobierno, donde permanecían desde el 2010, tras ser desalojados por “intolerancia religiosa”, Rafael Pérez Pérez, representante del grupo lamentó que ninguna autoridad se haya acercado a atenderlos.
Por lo anterior clamó al gobernador electo, Rutilio Escandón Cadenas, los ayude, ya que se mantienen 7 adultos y 7 niños en la calle “Flavio A. Paniagua” de esta ciudad, con la intención de que algún funcionario de gobierno se acerque, ya que el propietario del domicilio marcado con el número 20, pidió el inmueble debido al incumplimiento de un año de renta por parte del gobierno.
En entrevista comentó que no piensan levantar el bloqueo, a menos de que se acerque algún funcionario de gobierno y de ser necesario pasarán otra noche en las banquetas, “no han cumplido con las minutas firmadas desde hace nueve años, como la indemnización de 175 mil pesos por familia, para que cada quien buscara un terrenito donde vivir”.
“Este gobierno nunca nos atendió, pero ojalá el gobernador electo, Rutilio Escandón, nos tome en cuenta, que no nos abandone como ahorita, por ahora nos mantenemos aquí cuatro familias de San Gregorio y también nos han venido a acompañar de la comunidad Lázaro Cárdenas, de Huixtán y de Yastinín, de San Cristóbal, porque ellos están pasando por una situación igual”, explicó.
Reseñó que fueron expulsados de San Gregorio desde el 7 de mayo de 2010, “estábamos encerrados en esa casa por casi nueve años, todo por cambiar de religión nos corrieron, nos cortaron la luz eléctrica, el servicio de agua potable, no nos quiere recibir, ni ver la gente de la comunidad”.
El propietario de la casa que el gobierno rentaba para los desplazados, Héctor Alegría, dijo que el gobierno no tiene voluntad para resolver el conflicto de los desplazados, “hemos visitado tantas oficinas, nadie nos hizo caso y tomamos la determinación en conjunto de que los desplazados se retirarán, ya que en un año el gobierno no me ha pagado la renta”.
“El acuerdo es que esta casa iba albergar a los desplazados, eran 3 grupos, vivían más de 40 personas en este lugar, con el tiempo se quedó nada más un grupo de cuatro familias, 7 adultos y 7 niños, con quienes tomamos el acuerdo de que se fueran, ya que nadie nos hace caso”, señaló.
Por último, advirtió que van a seguir en la lucha porque le paguen la renta y para que el gobierno solucione de fondo el problema de los desplazados “son seres humanos grandiosos el hecho de salirse de común acuerdo no cualquiera lo hace, la decisión se tomó desde hace unos seis meses, lo veníamos postergando, parece que el gobierno sí nos quiere seguir pagando, pero ya pasó el año completo no hay solución y no creo la haya”.
Los desplazados tienen la esperanza aún de lograr que los indemnicen para que puedan comprar un terreno que les permita vivir, porque en la comunidad no les permiten regresar por cuestiones religiosas
