/ jueves 13 de diciembre de 2018

Obligan a los indígenas a pagar “derecho de piso”

Palenque.- Amparados bajo la creación de una asociación civil conformada por comerciantes del mercado público municipal “Guadalupe”, los dirigentes del inmueble son señalados de, presuntamente, mal versar recursos públicos que son colectados diariamente por la renta de espacios a más 100 productores ejidales que arriban de diversas comunidades. Se contabiliza en más de 50 mil pesos el monto que perciben mensualmente, solo del cobro por “derecho de piso”.

En el lugar existen además actos de explotación laboral, despojo, discriminación, racismo y abusos de autoridad, por parte de los líderes que impusieron una “cuota voluntaria” a quienes arriban al mercado a vender sus productos, principalmente mujeres indígenas y campesinos.

Sin importar su origen, condición social e incluso el tipo de productos que expenderán; toda vez que en su mayoría son personas que comercializan tortillas; plátanos, naranjas, limones, yucas, hierbas y frutas de temporada; son obligados a pagar 20 pesos por cada costal o caja de productos que van a comercializar diariamente y se les expide un recibo que justifica el cobro bajo la excusa de que el pago es un “donativo para mantenimiento”.

A pesar de que en este país existe la libertad de competencia un grupo de mujeres indígenas desde hace varios años fueron expulsadas porque vendían “pollos criados con maíz”; un producto bien visto y con bastante aceptación entre los consumidores locales por su sabor y consistencia, quienes los prefieren en lugar de los animales criados en granjas.



Sin importarles que los productos que expenden solo les aseguran unos cuantos pesos de ganancias; debido al pago de transporte, alimentación, servicios sanitarios y un impuesto al municipio de 70 pesos mensuales, algunos campesinos pagan mensualmente hasta mil 800 pesos para mantener “el derecho” del espacio donde puedan vender sus productos.

Palenque.- Amparados bajo la creación de una asociación civil conformada por comerciantes del mercado público municipal “Guadalupe”, los dirigentes del inmueble son señalados de, presuntamente, mal versar recursos públicos que son colectados diariamente por la renta de espacios a más 100 productores ejidales que arriban de diversas comunidades. Se contabiliza en más de 50 mil pesos el monto que perciben mensualmente, solo del cobro por “derecho de piso”.

En el lugar existen además actos de explotación laboral, despojo, discriminación, racismo y abusos de autoridad, por parte de los líderes que impusieron una “cuota voluntaria” a quienes arriban al mercado a vender sus productos, principalmente mujeres indígenas y campesinos.

Sin importar su origen, condición social e incluso el tipo de productos que expenderán; toda vez que en su mayoría son personas que comercializan tortillas; plátanos, naranjas, limones, yucas, hierbas y frutas de temporada; son obligados a pagar 20 pesos por cada costal o caja de productos que van a comercializar diariamente y se les expide un recibo que justifica el cobro bajo la excusa de que el pago es un “donativo para mantenimiento”.

A pesar de que en este país existe la libertad de competencia un grupo de mujeres indígenas desde hace varios años fueron expulsadas porque vendían “pollos criados con maíz”; un producto bien visto y con bastante aceptación entre los consumidores locales por su sabor y consistencia, quienes los prefieren en lugar de los animales criados en granjas.



Sin importarles que los productos que expenden solo les aseguran unos cuantos pesos de ganancias; debido al pago de transporte, alimentación, servicios sanitarios y un impuesto al municipio de 70 pesos mensuales, algunos campesinos pagan mensualmente hasta mil 800 pesos para mantener “el derecho” del espacio donde puedan vender sus productos.

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